El Gobierno de Aragón ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos a presentar un recurso contra el Real Decreto 316/2026, aprobado por el Ejecutivo central para impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes. El acuerdo fue adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles, donde también se aprobaron nuevas medidas sociales, económicas y sanitarias para la comunidad autónoma.
La vicepresidenta en funciones y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, explicó que la impugnación se presenta con el objetivo de proteger los servicios públicos de Aragón. Según señaló, la comunidad considera que no existe financiación suficiente ni una planificación adecuada por parte del Estado para aplicar esta medida en los territorios.
Desde el Gobierno aragonés sostienen que la norma se ha aprobado sin consenso con las autonomías y sin responder a las alegaciones presentadas en febrero. Además, denuncian que el Ministerio de Inclusión no ha detallado el impacto económico que tendrá la medida sobre áreas esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
El Ejecutivo autonómico también considera que la regularización extraordinaria puede generar un efecto llamada y provocar un agravio comparativo respecto a los ciudadanos extranjeros que han cumplido todos los requisitos legales para residir en España. Por ello, Aragón asegura que agotará todas las vías judiciales posibles para frenar la aplicación del decreto.
En la misma reunión, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 10/2025 de servicios de atención a la clientela. Aragón cuestiona varios artículos que obligan a empresas con sede social en la comunidad a ofrecer atención en lenguas cooficiales cuando operen en otras autonomías.
