El Ayuntamiento de València ha modificado los criterios de acceso a las viviendas de alquiler asequible incorporando un sistema de puntuación que premia el arraigo en la ciudad. La nueva regulación concede hasta diez puntos adicionales a los solicitantes que acrediten más de siete años de empadronamiento ininterrumpido en la capital valenciana, mientras que quienes lleven al menos cinco años empadronados obtendrán cinco puntos extra.
Inicialmente, el consistorio contempló exigir un mínimo de seis años de empadronamiento como requisito para acceder al registro de demandantes. Sin embargo, tras las críticas de diversas entidades sociales, ese requisito fue retirado y sustituido por un sistema de bonificación que influirá en la baremación de las solicitudes.
La medida se suma a otros criterios sociales ya existentes, como la edad, la discapacidad, la condición de familia numerosa o monoparental, haber sido víctima de violencia de género o encontrarse en situación de desahucio, entre otros supuestos. Además, el Ayuntamiento ha ampliado de 35 a 45 años el límite de edad para que los jóvenes puedan acceder a la bonificación específica prevista para este colectivo.
La iniciativa ha generado un intenso debate político y social. Organizaciones como València Acoge consideran que el nuevo sistema se aproxima al concepto de "prioridad nacional" defendido por Vox y sostienen que puede introducir un elemento discriminatorio en el acceso a recursos públicos.
Por su parte, el equipo de gobierno municipal rechaza esa interpretación y asegura que el objetivo de la medida es premiar el arraigo de quienes mantienen una vinculación estable con la ciudad, con independencia de su nacionalidad. Según la explicación ofrecida por el consistorio, la bonificación pretende favorecer tanto a ciudadanos españoles como extranjeros que lleven años residiendo en València, frente a personas con menor implantación en el municipio.
El debate se produce en un contexto en el que el concepto de "prioridad nacional" ha cobrado protagonismo en la política valenciana tras las propuestas impulsadas por Vox en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, donde el partido plantea reforzar el criterio del arraigo en el acceso a determinadas ayudas y recursos públicos
