Entre los registros realizados por la UCO figuran tres inmuebles relacionados con la ex militante del PSOE Leire Díez, según fuentes próximas al caso
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desarrolló una amplia operación en una causa dirigida por la Audiencia Nacional, aún bajo secreto judicial.
Los agentes practicaron un total de diecinueve entradas y registros en empresas y domicilios vinculados a la investigación por presuntas comisiones irregulares. Entre los registros realizados por la UCO figuran tres inmuebles relacionados con la ex militante del PSOE Leire Díez, según fuentes próximas al caso.
Uno de los domicilios inspeccionados se sitúa en Cantabria, donde los investigadores acudieron para recabar documentación relevante. El segundo registro tuvo lugar en Madrid, en un apartamento ubicado en el barrio de Las Tablas, que pertenece a una amiga de Leire Díez. El tercer inmueble registrado por la Guardia Civil se encuentra en el municipio madrileño de Leganés, dentro del mismo operativo coordinado.
La actuación policial se enmarca en una causa abierta tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional.
Dicha querella dio origen a una investigación declarada secreta y a la posterior detención de varias personas presuntamente implicadas.
Entre los detenidos figuran Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández. También fue arrestado el empresario Antxon Alonso, a quien la UCO vincula como socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Las diligencias apuntan a un presunto entramado dedicado al cobro de comisiones a través de contratos públicos y entes dependientes.
Según una resolución judicial, los investigados habrían obtenido más de setecientos mil euros en comisiones en varias operaciones.
Estas operaciones se habrían desarrollado mediante la implicación de empresas públicas y entidades vinculadas a la SEPI.
El procedimiento se centra en cinco actuaciones concretas que están siendo analizadas por el Juzgado Central de Instrucción número seis.
El magistrado instructor basa parte de sus conclusiones en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa.
En dichos informes se describe la existencia de un grupo que se autodenominaba Hirurok y que actuaba de forma coordinada.
La UCO sostiene que este grupo podría haber orientado expedientes administrativos dentro de la Administración pública. El objetivo de estas actuaciones habría sido beneficiar intereses propios o de terceros mediante influencias internas.
Los investigadores consideran que los implicados se habrían valido de su posición y de sus relaciones personales. También se analiza la posible capacidad de influencia sobre funcionarios y cargos vinculados a distintas áreas públicas. La causa continúa bajo secreto mientras se examina la documentación intervenida en los registros practicados.
Desde la Audiencia Nacional no se descartan nuevas diligencias conforme avance el análisis del material incautado.
