Fuentes policiales alertan del riesgo de fraude documental y de una posible saturación de los servicios públicos tras recibirse cerca de 1,2 millones de solicitudes
La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno podría terminar afectando a cerca de tres millones de personas si se contabilizan las posteriores reagrupaciones familiares. Así lo calculan altos mandos de Extranjería consultados por El Mundo, que advierten de que la llegada de familiares de los beneficiarios elevará considerablemente el alcance inicial del proceso.
La estimación policial parte de las cerca de 1,2 millones de solicitudes registradas hasta el cierre del plazo, una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales del Ejecutivo. El Gobierno presentó la medida calculando que podría beneficiar a alrededor de 500.000 extranjeros, aunque el Ministerio de Migraciones confirmó posteriormente la recepción de aproximadamente 1,17 millones de expedientes.
Los responsables policiales consultados temen que las reagrupaciones de cónyuges, parejas, hijos y ascendientes multipliquen el número final de residentes legales. Su advertencia es contundente: consideran que las Administraciones podrían no disponer de medios suficientes para tramitar los expedientes y absorber el aumento de la demanda en ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Mandos de Extranjería calculan que la regularización podría alcanzar a tres millones por las reagrupaciones familiares
Extranjería critica su papel limitado en la tramitación
Las fuentes policiales cuestionan que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, concentre la revisión de las solicitudes. Según denuncian, las brigadas de la Policía Nacional han quedado relegadas principalmente a elaborar informes y expedir las tarjetas de identidad una vez concedidas las autorizaciones.
El Real Decreto establece, no obstante, que la Administración debe solicitar de oficio información del Registro Central de Penados, consultar las bases de datos europeas y recabar un informe policial sobre cada solicitante. La norma fija un plazo de 15 días para la emisión de esos documentos, aunque la decisión final corresponde al organismo encargado de tramitar los expedientes.
Otro de los puntos que genera preocupación es la comprobación de los antecedentes penales en los países de origen. Los interesados deben presentar el certificado correspondiente, pero pueden continuar inicialmente el procedimiento cuando acrediten que lo han solicitado y no lo han recibido después de un mes. En ese supuesto, la Administración española intentará conseguirlo por vía diplomática y podrá suspender temporalmente el expediente.
Los mandos consultados aseguran que durante el proceso se han detectado numerosos intentos de aportar documentación fraudulenta. También temen que aparezcan redes dedicadas a falsificar vínculos familiares, certificados o pruebas de residencia para introducir en España a personas que no cumplen los requisitos.
Mandos de Extranjería calculan que la regularización podría alcanzar a tres millones por las reagrupaciones familiares
Temor al fraude y a la presión sobre los servicios públicos
La normativa permite que determinados familiares que formen parte de la misma unidad de convivencia presenten simultáneamente la solicitud. Entre ellos se encuentran el cónyuge, la pareja registrada y los ascendientes de primer grado. También contempla un procedimiento específico para hijos menores o descendientes con discapacidad que dependan de los solicitantes.
Esta posibilidad es la que lleva a los responsables de Extranjería a proyectar un impacto cercano a los tres millones de personas. No significa que todos los solicitantes vayan a obtener la residencia ni que todos puedan reagrupar automáticamente a varios familiares, sino que se trata de una previsión elaborada a partir de los posibles expedientes posteriores.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya había advertido en un informe interno de que el proceso podía favorecer nuevos flujos migratorios irregulares, aumentar la presión sobre los servicios públicos y generar dificultades en los controles documentales. Aquel documento situaba el número potencial de beneficiarios por encima de 1,2 millones, muy lejos de la previsión inicial anunciada por el Gobierno.
El Ministerio del Interior defiende que los controles policiales se mantienen porque cada expediente requiere el correspondiente informe de seguridad. Sin embargo, los mandos consultados sostienen que el volumen de solicitudes, unido a las futuras reagrupaciones, puede desbordar la capacidad administrativa y provocar que el alcance real de la regularización termine triplicando las primeras estimaciones del Ejecutivo.
