La Audiencia Provincial de Badajoz ultima una de las sentencias con mayor trascendencia política de los últimos años. El tribunal debe decidir si la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, respondió a un procedimiento administrativo legítimo o si la Diputación de Badajoz diseñó una plaza pública para colocarle al frente de sus conservatorios.
El músico se enfrenta a dos delitos de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación administrativa. Junto a él se ha sentado en el banquillo Miguel Ángel Gallardo, expresidente socialista de la Diputación, además de otros nueve acusados relacionados con la creación, adjudicación y posterior transformación del puesto. El juicio quedó visto para sentencia después de siete jornadas y la declaración de más de 40 testigos.
David Sánchez conocerá su sentencia
El informe de la UCO y los correos electrónicos
Una de las principales claves del fallo será el valor que los magistrados concedan al informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los agentes analizaron miles de correos y documentos internos de la institución provincial y concluyeron que existían indicios de que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios había sido creado y adaptado para David Sánchez.
Las acusaciones sostienen que la plaza fue un “traje a medida” y que el parentesco del músico con quien entonces lideraba el PSOE condicionó las decisiones adoptadas en la Diputación. Las defensas, por el contrario, aseguran que los correos han sido interpretados de forma sesgada y que ninguno acredita una orden, presión o intervención directa del hermano de Pedro Sánchez.
Las versiones de David Sánchez
El tribunal también tendrá que valorar la evolución de las explicaciones ofrecidas por el acusado. Durante la instrucción, David Sánchez mostró lagunas sobre cuestiones relacionadas con su actividad laboral, incluido el lugar en el que se encontraba su despacho. En el juicio negó haber influido en su contratación y aseguró que no conocía previamente la existencia de la plaza.
Las acusaciones insistieron en confrontar su declaración judicial con la prestada durante la fase de investigación. La defensa llegó a solicitar que pudiera volver a declarar después de que varias acusaciones modificasen sus conclusiones, pero el tribunal rechazó la petición.
David Sánchez y sus versiones durante la investigación
La candidata que dijo que la plaza estaba adjudicada
Otro testimonio determinante será el de Cristina de Frutos, directora de orquesta y aspirante al mismo puesto. De Frutos declaró que, días antes de realizar la entrevista, le comunicaron que la plaza ya estaba destinada al hermano del presidente del Gobierno.
La candidata denunció que no existió una verdadera igualdad de oportunidades y relató que durante su entrevista apenas le formularon preguntas, pese a que posteriormente se justificó la elección de Sánchez por su actuación ante el tribunal evaluador. La persona a la que atribuyó aquella advertencia negó, sin embargo, haber realizado ese comentario, una contradicción que ahora deberá resolver la Sala.
Seis años de prisión frente a la absolución
PP, Vox y otras cuatro acusaciones populares elevaron durante el juicio su petición hasta los seis años de cárcel al añadir un nuevo episodio de prevaricación relacionado con el cambio de denominación del puesto. La Fiscalía, en cambio, reclama la absolución de todos los acusados al considerar que no se han probado ni la arbitrariedad administrativa ni las supuestas influencias.
