El 'tirón de orejas' de Bruselas al Gobierno por el caos ferroviario
Bruselas advierte al Gobierno de España
porJose Andres Jorge Barceló
politica
La Comisión Europea responsabiliza directamente al Gobierno de España y no descarta intervenir
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Los problemas en el servicio ferroviario se han convertido en una constante. Averías en la catenaria, los incendios o un robo de cable de cobre. Los retrasos y las cancelaciones se han multiplicado.
Este verano, los incendios agravaron la situación. La línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia estuvo interrumpida casi una semana, del jueves 14 al miércoles 20 de julio, por la cercanía de las llamas a las vías. Miles de pasajeros se vieron afectados.
El PP ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez y al Ministerio de Transportes. Los populares señalan que la infraestructura ferroviaria española sufre una “preocupante degradación”.
Óscar Puente vuelve a estar en el centro de la polémica
El Gobierno, dice el PP, está mirando para otro lado. No se han tomado medidas suficientes para garantizar la seguridad ni el cumplimiento de los derechos de los viajeros.
Puente ha trasladado esta alerta a Bruselas. El Partido Popular denunció la situación ante las autoridades europeas. Su intervención ha tenido respuesta.
La Comisión Europea recordó al Ejecutivo español su obligación de supervisar el Reglamento (UE) 2021/782. Este reglamento establece los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
El comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, envió dos comunicaciones a la delegación española del PPE en el Parlamento Europeo, los días 6 y 8 de agosto. En ellas, advirtió que una infraestructura ferroviaria segura y funcional es clave para sociedades sostenibles e inclusivas.
Tzitzikostas recordó que corresponde a los Estados miembros, y en particular a sus organismos nacionales de ejecución, garantizar el respeto de la normativa. Añadió que la Comisión supervisa de manera general la aplicación de estas normas. Incluso, puede abrir un procedimiento de infracción contra un Estado miembro que no cumpla.
La advertencia de Bruselas deja claro que el Ejecutivo español tiene la responsabilidad de actuar. Los retrasos, las cancelaciones y los problemas técnicos no solo afectan a los pasajeros. También pueden derivar en sanciones si no se corrigen.
El caso de la línea Madrid-Galicia es solo un ejemplo. El PP subraya que otros trayectos presentan problemas similares. Averías en catenarias, robos de cobre y fallos en locomotoras se suman a la gestión deficiente.
La respuesta de Bruselas al PP
Puente insiste en que la situación exige soluciones urgentes. “No podemos seguir poniendo en riesgo a los pasajeros ni incumpliendo la normativa europea”, afirma. Pide inversiones inmediatas y supervisión más estricta de los organismos nacionales de transporte.
El aviso de la Comisión Europea tiene peso político y legal. Si el Gobierno de Sánchez no cumple, podría enfrentarse a un procedimiento sancionador. La presión sobre el Ministerio de Transportes aumenta.
Los usuarios del tren esperan respuestas. Las asociaciones de viajeros denuncian retrasos continuos. Reclaman seguridad, puntualidad y claridad en la información.
La alerta de Óscar Puente refleja la gravedad del problema. La red ferroviaria española necesita mantenimiento, inversión y control. Los próximos meses serán claves para evitar sanciones y garantizar un servicio digno.
