
El Supremo confirma la prisión para Cerdán por su 'papel directivo' en la trama
El Tribunal Supremo se pronuncia tras la solicitud de la defensa de Santos Cerdán para liberarlo de la cárcel
El Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión provisional sin fianza a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, por su presunta implicación en la trama Koldo. El juez Leopoldo Puente lo considera una figura clave en una red de corrupción que habría cobrado comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.
La Sala de Apelación, formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, rechazó el recurso de la defensa de Cerdán. La que pedía su excarcelación tras tres semanas en la cárcel de Soto del Real.
La investigación apunta a que Cerdán tuvo un "papel capital" en la trama. Según la Fiscalía Anticorrupción, lideraba una organización criminal que manipulaba contratos públicos. Los indicios incluyen grabaciones de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, donde se revelan conversaciones comprometedoras.

En una de ellas, Cerdán reprocha a García hablar de temas sensibles, sugiriendo escribirlos en un papel y destruirlo. El juez Puente considera estas grabaciones auténticas, descartando cualquier manipulación. Además, un contrato hallado por la UCO vincula a Cerdán con el 45% de Servinabar, una empresa beneficiada por contratos públicos.
La defensa de Cerdán, liderada por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, insiste en su inocencia. Argumentan que no hay pruebas sólidas y que el exdirigente es víctima de una "presunción de indecencia".
También cuestionan la validez de los audios, sugiriendo que Koldo García podría haber actuado como colaborador policial. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Cerdán tiene información clave sobre la trama, lo que justifica su prisión para evitar la destrucción de pruebas.
Cerdán, durante su declaración, negó las acusaciones y afirmó que su imputación responde a una persecución política por su papel en la formación de gobiernos progresistas.
La decisión del Supremo refuerza la gravedad de las acusaciones, que incluyen delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. La investigación sigue abierta, y el juez Puente advierte que podrían aparecer más implicados.
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