El caso de la pareja de Ayuso vuelve a ser noticia. Y más después de que se conozca el nuevo giro que ha dejado el fiscal del caso. Se trata de Diego Lucas quien pide a la juez que abra una pieza separada e investigue a Alberto González Amador.
Todo para esclarecer si cometió un delito de corrupción en los negocios en una operación en la que advierte una posible "comisión encubierta". El pasado marzo, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió una causa contra él por los delitos de fraude tributario y falsedad. La acusación pretendía ampliar los ilícitos, pero el representante del Ministerio Público lo rechazó en dos ocasiones.
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El fiscal Lucas pone el foco ahora en el presunto pago de medio millón de euros del novio de Ayuso a la mujer del presidente de Quirón Prevención.
El fiscal considera que la operación fue en realidad una "comisión encubierta". Un informe de la Inspección Tributaria aseguró que dicha sociedad no tenía inmuebles o empleados y su activo "carecía de valor".
De repente, el fiscal sospecha que el novio de Ayuso usó la empresa de forma interpuesta y simulada en la facturación de unos servicios. Todo según el fiscal, para un "ahorro fiscal".
Pero hay que recordar que el representante del Ministerio Público rechazó en dos ocasiones ampliar los ilícitos.
Fue en julio cuando PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular contra el novio de Ayuso, plantearon ampliar el catálogo de delitos. Todo por administración desleal y corrupción en los negocios, extremos que rechazó Lucas el 8 de julio.
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Es decir, el fiscal se negó a abrir una nueva línea de investigación. Y en marzo ocurrió de similar manera. La juez Inmaculada Iglesias abrió diligencias contra el novio de Ayuso.
Después de que trascendiera un email en el que reconocía a la Fiscalía haber cometido dos delitos fiscales. Todo con la intención de llegar a un pacto de conformidad para evitar el juicio.
Entonces, el fiscal también se opuso a la práctica. Según explicaba, porque "porque no se refieren al objeto de la presente causa. Y una eventual extensión del objeto de la misma está vedada por el artículo 17.3 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)".
Lo cierto es que apenas cuatro meses después, el fiscal da un giro radical. En su último escrito, del 8 de enero, Lucas sostiene que no existen indicios del delito de administración desleal que las acusaciones populares achacan al novio de Ayuso. No obstante, el representante del Ministerio Público aprecia posibles irregularidades por corrupción en los negocios.
Además señala: "La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino. El presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor".
