Moncloa afrontó tensión tras la condena del Supremo al fiscal general por revelar secretos sobre González Amador.
El fallo impactó en el Gobierno, que admitió sorpresa e indefensión al conocer la sentencia emitida por la Sala competente. La resolución fijó dos años de inhabilitación y una multa, además de una indemnización de diez mil euros por daños morales.
Fuentes del Ejecutivo señalaron que el dictamen no frenará la acción política prevista ni alterará decisiones ya programadas. Moncloa insistió en que respeta la sentencia, aunque no comparte el criterio aplicado por el Tribunal Supremo en este procedimiento.
El ministro Félix Bolaños activó el proceso legal para nombrar sustituto y remarcó la obligación de cumplir el fallo judicial. Bolaños afirmó que el Gobierno posee deber moral de expresar su desacuerdo y mantener respaldo a la trayectoria de García Ortiz. El Ejecutivo defendió siempre su inocencia y subrayó que el caso fue seguido con atención debido a su impacto institucional.
La condena generó un debate intenso sobre filtraciones, responsabilidades públicas y actuación del Ministerio Fiscal en España.
Moncloa buscó contener efectos mediáticos reiterando apoyo al fiscal mientras reorganiza la dirección en la Fiscalía General. El Gobierno recalcó que la estructura jurídica seguirá operativa y que no habrá interrupciones en procedimientos relevantes. El caso añadió tensión entre Ejecutivo y Poder Judicial y reabrió discusiones sobre independencia, controles y funciones legales.
