El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro de la polémica tras reivindicar su estrategia contra el antisemitismo como una iniciativa pionera en España. El Ejecutivo defendió recientemente que es el primero en desarrollar un plan nacional en esta materia, poniendo además en valor medidas como la concesión de nacionalidad a los sefardíes. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por distintas voces críticas, que consideran que el relato del Gobierno no se ajusta a la realidad y que responde más a una estrategia política que a un compromiso efectivo.
Estas críticas sostienen que el denominado Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, aprobado en 2023, no es una iniciativa propia del Ejecutivo, sino una adaptación de la estrategia europea fijada para el periodo 2021-2030. Es decir, no respondería a un impulso interno, sino a la obligación de alinearse con las directrices comunitarias.
Un plan cuestionado desde su origen
Uno de los aspectos más controvertidos es el enfoque del propio plan. Según estas posiciones, el documento omite deliberadamente lo que consideran una de las principales manifestaciones actuales de antisemitismo: el antisionismo que, en determinados casos, se traduce en ataques al Estado de Israel y a sus instituciones.
