La decisión de la Comisión Europea de ampliar a cinco años el plazo para retirar el plomo en cartuchos de caza menor y tiro deportivo ha sido recibida con críticas tanto por el sector cinegético como por organizaciones vinculadas a la actividad, que consideran la medida insuficiente y cuestionan, además, el papel del Gobierno español durante todo el proceso.
De hecho, desde la RFEC critican que el Gobierno de España en ningún momento ha contado con los técnicos del sector. Pero para ni esta medida ni para muchas otras que involucran a los cazadores.
La propuesta, impulsada en el marco del Comité REACH, supone una modificación respecto al planteamiento inicial, que contemplaba plazos mucho más reducidos —apenas 18 meses para los cartuchos y hasta cinco años para otro tipo de munición—. Sin embargo, pese a esta ampliación, la Real Federación Española de Caza (RFEC) insiste en que el nuevo calendario sigue sin adaptarse a la realidad técnica, económica y operativa del sector.
Desde la Federación subrayan que, en la actualidad, no existe una alternativa al plomo que garantice al mismo tiempo seguridad, eficacia y un coste asumible. En este sentido, advierten de que imponer una transición sin soluciones reales podría tener un impacto significativo, no solo en la actividad cinegética, sino también en la industria asociada.
Los datos que maneja el sector apuntan a un posible efecto directo sobre los cazadores: según estudios basados en miles de encuestas europeas, hasta un 25% podría abandonar la actividad, mientras que un 30% reduciría su práctica. A ello se suma el problema técnico de compatibilidad, ya que cerca de medio millón de escopetas en España no estarían preparadas para utilizar materiales alternativos como el acero.
Más allá del contenido de la propuesta europea, las críticas se dirigen con especial intensidad hacia el Ejecutivo español. La RFEC reprocha al Gobierno haber mantenido una postura alineada con las posiciones más restrictivas dentro de la Unión Europea, sin incorporar las aportaciones técnicas del sector ni abrir canales de diálogo efectivos.
Según denuncian, durante la tramitación no se han atendido solicitudes de reunión ni se han desarrollado medidas que faciliten una transición ordenada, como incentivos para la renovación de armas o planes para gestionar el stock actual de munición. Esta falta de planificación, aseguran, evidencia una desconexión entre la política ambiental impulsada desde el Ejecutivo y la realidad del campo español.
El presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha calificado esta actitud de “incomprensible”, al considerar que ignora factores clave como la necesidad de controlar determinadas especies —como el conejo o el jabalí— o las condiciones específicas en las que se desarrolla la caza en España, donde el uso de alternativas como el acero puede suponer riesgos adicionales.
Además, el sector advierte de que la exclusión temporal de la munición metálica en la actual propuesta podría ser solo una medida transitoria, ya que la propia Comisión Europea contempla revisarla en el futuro, lo que genera incertidumbre a medio y largo plazo.
La propuesta será previsiblemente votada en junio por los Estados miembros y, en caso de prosperar, podría llegar al Parlamento Europeo en septiembre, con una entrada en vigor que no se produciría antes de 2027. Mientras tanto, el sector cinegético anuncia que intensificará su presión para ampliar los plazos y exigir cambios que eviten, a su juicio, un impacto económico y social de gran magnitud.
En este contexto, la polémica no solo gira en torno a la normativa europea, sino también al papel del Gobierno español, al que acusan de respaldar medidas sin ofrecer soluciones viables para uno de los sectores tradicionales del país.
