El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en el foco tras poner en marcha un sistema de gratificaciones para los funcionarios que participen en el proceso de regularización de inmigrantes. La medida, que ya está en marcha, no solo incluye pagos extra, sino también cambios en el funcionamiento habitual de las oficinas de la Seguridad Social.
Según recoge el acuerdo, los empleados públicos que se encarguen de tramitar estas solicitudes de residencia recibirán compensaciones económicas por el trabajo adicional. Además, se ha decidido ampliar el horario de atención al público, utilizando para ello las mismas oficinas donde normalmente se gestionan cuestiones como jubilaciones o prestaciones por incapacidad.
Pagos extra y oficinas abiertas por la tarde
En concreto, las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social abrirán también por las tardes, de 16:00 a 19:00 horas, entre el 20 de abril y el 30 de junio. Ese horario estará destinado exclusivamente a la tramitación de solicitudes de residencia.
Los funcionarios que participen en este proceso no solo recibirán gratificaciones por la atención al público, sino también por las horas de formación y preparación previas. Todo ello se financiará a través de ajustes presupuestarios impulsados desde el área de Migraciones.
Cambios que generan debate
La medida ha generado críticas porque supone destinar recursos y personal de servicios clave a este nuevo proceso. Aunque el Ejecutivo insiste en que no se verá afectado el funcionamiento habitual, lo cierto es que las oficinas implicadas son las mismas a las que acuden miles de ciudadanos para resolver cuestiones relacionadas con pensiones o prestaciones.
El plan forma parte del desarrollo del Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno para regular este proceso extraordinario. Un texto que ya llegó con cambios después de las advertencias del Consejo de Estado.
Con todo, la decisión vuelve a abrir el debate sobre las prioridades del Ejecutivo y el uso de los recursos públicos, en un contexto en el que cada movimiento en materia migratoria genera una fuerte reacción política y social.
