¿A qué condena podría enfrentarse Begoña por la causa que investiga un juzgado?
Begoña Gómez
porJose Andres Jorge Barceló
politica
Un juzgado de Madrid abre diligencias contra la mujer de Sánchez por tráfico de influencias y corrupción
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El Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla en Madrid ha iniciado una investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La investigación se ha abierto por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. La noticia fue adelantada por El Confidencial y la ha confirmado El Debate por fuentes judiciales.
El proceso, bajo la supervisión del juez Juan Carlos Peinado, se centrará en examinar las posibles irregularidades en las relaciones comerciales de Begoña Gómez con empresas privadas. Casi todas se habrían cometido durante la pandemia recibieron fondos públicos, financiación o contratos del Gobierno. Cabe señalar que varios de los casos mencionados en la denuncia contra Begoña Gómez este medio se ha hecho eco de ellos.
Begoña Gómez colocó a su exnovio en el CSD como alto cargo nada más llegar a Moncloa La apertura de estas diligencias preliminares tiene su origen en una denuncia presentada por el Sindicato Manos Limpias, presidido por el abogado Miguel Bernad. Dicha denuncia pone a la Justicia sobre la pista de varios delitos contemplados en el Código Penal:
Artículo 429: Este artículo sanciona el abuso de relaciones personales para influir en funcionarios públicos en beneficio propio o a favor de terceros. Por este delito, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años. Además de una multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público. Añade, según el Código Penal, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales. También de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.
Artículo 286 bis: En este caso, se trata de la corrupción privada. Esta se castiga cuando se ofrece ventajas no justificadas a directivos o colaboradores de entidades privadas para obtener favores indebidos. La pena será de prisión de 6 meses a 4 años. Sumar a esto inhabilitación especial por tiempo de 1 a 6 años para el ejercicio de industria o comercio y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.
En el trasfondo de estas acusaciones, se encuentran las reuniones mantenidas en 2020 entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Air Europa. Esta compañía ha reconocido dichos contactos y, posteriormente, recibió 475 millones de euros del fondo estatal destinado a empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19. Esta cantidad es significativamente alta en comparación con las ayudas otorgadas a otras empresas.
Además, El Debate ya ha adelantado algunos aspectos que serán objeto de estudio, como la adjudicación de contratos a una consultora por 138.000 euros. O los tres lotes de 10,2 millones que fueron asignados por Nadia Calviño a la UTE de Barrabés y The Valley. Estas dos empresas mencionadas están relacionadas con Begoña Gómez.
