¿Por qué el Senado exige el cese del fiscal general del Estado?

El Senado exige el cese del fiscal general del Estado debido al "incumplimiento de sus funciones". Esta demanda ha surgido como resultado de una moción aprobada por la mayoría de la Cámara Alta.  Con el respaldo de los partidos PP y Vox. La votación reflejó una clara división de opiniones. Con 144 votos a favor de la reprobación del fiscal, 97 en contra y 19 abstenciones de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo a ERC, Junts, PNV y Bildu.

La decisión del Senado de exigir el cese del fiscal general ha generado un intenso debate político, reflejando las diferencias ideológicas y las tensiones dentro del panorama político español.

Los partidos que respaldaron la moción argumentaron que el fiscal general ha incumplido sus funciones, citando razones como su falta de idoneidad para el cargo. Según lo determinado por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial. Además, se han destacado reveses judiciales recientes que han cuestionado la gestión del fiscal. Como el rechazo del nombramiento de su antecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El debate en el Senado ha sido acalorado, con acusaciones cruzadas entre los diferentes partidos. Los representantes del PP y Vox han instado al Gobierno a cesar al fiscal general. Mientras que desde el PSOE se ha defendido su currículum y se ha denunciado una campaña de descalificación. Otros grupos políticos, como la Izquierda Confederal, han arremetido contra el comportamiento de los partidos mayoritarios.  Han reclamado un cambio en la relación entre el poder político y el fiscal general.

Esta reprobación llega en un momento delicado para el fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien asumió su segundo mandato en enero de este año. Los recientes reveses judiciales, incluyendo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de investigar una querella contra dos fiscales. Según por presunta revelación de secretos, han puesto en entredicho su liderazgo y su capacidad para desempeñar su cargo de manera efectiva.

La exigencia del Senado de cesar al fiscal general del Estado refleja las tensiones políticas y las divisiones dentro del sistema judicial español. Este episodio subraya la importancia de la independencia del poder judicial y la necesidad de garantizar la imparcialidad y la integridad en la administración de justicia. El futuro del fiscal general y el impacto de esta decisión en el sistema judicial español son aspectos que continuarán generando debate y atención en los próximos meses.

Vox denuncia al fiscal general por ocultar el 'caso Koldo'

Vox ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitando su apartamiento y suspensión de sus funciones. Esto se debe a que habría pospuesto la investigación sobre el caso Koldo hasta después de las elecciones generales del 23 de julio, a pesar de tener conocimiento previo de la misma.

Según se expresa en la denuncia, "El conocimiento de una actuación delictiva como la que ponemos en conocimiento debe ser inmediatamente informada al Fiscal General del Estado, que será el que acuerde las medidas oportunas, sin embargo, en este caso, es el propio Fiscal General del Estado el afectado por las mismas, motivo por el que solicitamos como medida cautelar la suspensión de sus funciones". Además, se especifica que "Esta suspensión debe afectar en todo caso a su intervención en relación con el conocido caso Koldo".

Santiago Abascal y su equipo solicitan iniciar un expediente disciplinario interno para investigar las razones detrás del retraso en la presentación de la querella relacionada con las diligencias previas.

La cronología judicial del caso Koldo presenta un intervalo temporal significativo. El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, presentó una primera querella contra Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, y los principales implicados en la trama el 28 de junio de 2023, justo un mes antes de las elecciones generales del 23-J. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estaba al tanto de esta investigación.

Sin embargo, la Fiscalía decidió detenerla durante el período electoral, en el que el PSOE estaba en juego para continuar en el Gobierno. Por esta razón, el fiscal Pastor tuvo que elaborar otro informe con fecha del 6 de septiembre, un mes y medio después de los comicios, que fue la querella finalmente presentada ante la Audiencia Nacional.