El proyecto permitirá modernizar los paritorios, el área de urgencias, los quirófanos, las salas de reanimación y la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
La Junta de Extremadura ha dado luz verde a un paquete de inversiones que supera los 85 millones de euros para reforzar la sanidad, las infraestructuras, la atención social, el empleo y las políticas de vivienda. Así lo ha anunciado el vicepresidente del Ejecutivo regional, Abel Bautista, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se aprobaron una batería de medidas dirigidas a mejorar los servicios públicos de la comunidad.
Una de las actuaciones más destacadas será la reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil de Badajoz, que contará con una inversión de 11,5 millones de euros. El proyecto permitirá modernizar los paritorios, el área de urgencias, los quirófanos, las salas de reanimación y la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de un centro con más de cuatro décadas de funcionamiento. Según Bautista, la actuación responde a una demanda histórica de familias y profesionales sanitarios.
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado la contratación de dos nuevos helicópteros sanitarios por un importe de 3,8 millones de euros. Las aeronaves seguirán operando desde Don Benito y Malpartida de Cáceres, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante emergencias en cualquier punto de Extremadura.
En el ámbito social, la Junta destinará 7,8 millones de euros a las asociaciones Plena Inclusión de Don Benito, Villafranca de los Barros y Montijo. La financiación permitirá mantener hasta 2029 el proyecto 'Mi casa, una vida en comunidad', que ofrece 36 plazas distribuidas en nueve viviendas para personas con discapacidad intelectual. El Gobierno regional asume así un programa cuya financiación estatal finalizó en 2024.
La vivienda también ha centrado parte de los acuerdos del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para agilizar los trámites urbanísticos y acelerar la construcción de vivienda protegida, con el objetivo de incrementar el suelo disponible y reducir los plazos administrativos. Además, la Junta recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal del Plan de Vivienda 2026-2030 al considerar que invade competencias autonómicas.
En materia de infraestructuras, el Gobierno extremeño ha aprobado una inversión de 44,7 millones de euros para ejecutar el segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz, una actuación destinada a mejorar la movilidad y descongestionar el tráfico en la capital pacense. Asimismo, ha autorizado la redacción del proyecto de la futura carretera entre Zafra y Jerez de los Caballeros, con un presupuesto de 1,6 millones de euros.
Las medidas para fomentar el empleo también ocupan un lugar destacado. La Junta pondrá en marcha la nueva ayuda 'Tarifa Cero Familiar Colaborador', que cubrirá con 1.920 euros anuales las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos que incorporen a un familiar colaborador. A ello se suma una subvención de 6.000 euros para quienes adquieran un negocio mediante relevo generacional en municipios de menos de 10.000 habitantes.
El Consejo de Gobierno ha aprobado además cambios en la normativa de las cámaras de comercio y del comercio ambulante. Entre las novedades figura la ampliación de siete a quince años de la duración de las autorizaciones para ejercer esta actividad y la posibilidad de extender el relevo de las licencias a familiares de hasta tercer grado.
Dentro del Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM), la Junta destinará 1,2 millones de euros para facilitar la primera experiencia laboral de al menos 34 titulados en municipios de más de 20.000 habitantes, mientras que otros 7 millones servirán para financiar servicios municipales de empleo en localidades de menor tamaño.
El Ejecutivo regional también ha anunciado nuevas ayudas dirigidas a las familias. Por un lado, concederá 500 euros por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción a quienes residan en municipios rurales. Por otro, invertirá 6,4 millones de euros en ayudas para la escolarización de niños de entre cero y tres años, con una cuantía de 200 euros mensuales por alumno, independientemente del centro educativo elegido.
Por último, la Junta ha aprobado la ampliación al cien por cien de la jornada laboral de los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) y de los Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE) durante el curso 2026-2027. La medida beneficiará a 403 cuidadores y 36 intérpretes y responde, según el Ejecutivo, a una reivindicación histórica de ambos colectivos para mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
