La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre el presunto desvío de millones de euros destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados (menas) en Canarias. Según las pesquisas, parte de estos fondos habrían sido entregados a los gestores de una fundación encargada del cuidado de los centros. La investigación abarca un periodo de tres años, durante la gestión del Ejecutivo autonómico encabezado por Ángel Víctor Torres.
Entre 2020 y 2022, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió 15,2 millones de euros en financiación pública. Sin embargo, un informe de la Intervención General advierte que, pese a que el mantenimiento de los centros estaba subvencionado por la Comunidad Autónoma, hubo dinero de Europa. Algunos gastos fueron imputados a créditos del programa europeo Next Generation lo que podría constituir una irregularidad en la gestión de los fondos.
Esto tiene en cuenta el historial de acogida de jóvenes extranjeros
Según el auto judicial, los investigados habrían empleado "diferentes procedimientos para lograr un enriquecimiento personal" utilizando dinero público destinado al mantenimiento de estos centros. En consecuencia, la instrucción ha analizado cuentas bancarias y justificantes de gasto sin encontrar respaldo suficiente que justifique el uso del dinero.
Hasta el momento, cuatro directivos de la fundación y la propia organización han sido imputados. El magistrado a cargo del caso señala que el manejo de los fondos se desarrolló en un contexto de "irregularidades, opacidad y falta de control". Lo que habría permitido a los acusados obtener beneficios económicos ilícitos.
Las trágicas consecuencias de la inmigración afgana en Alemania
La inmigración ilegal afgana en Alemania ha generado preocupaciones por incidentes violentos recientes. En Múnich, un solicitante de asilo afgano de 24 años atropelló a un grupo de manifestantes sindicales, hiriendo al menos a 27 personas. Las autoridades investigan el suceso como un posible atentado.
Este incidente se suma a otros ataques cometidos por refugiados afganos en Alemania. En agosto de 2024, en Solingen, un afgano perpetró un atentado que causó tres muertos y ocho heridos. Tras este ataque, el gobierno alemán deportó a 28 afganos con antecedentes penales.
La llegada de refugiados afganos aumentó tras la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán en 2021. Según ACNUR, más de 3,5 millones de afganos se han desplazado internamente o hacia países como Alemania. Esta situación ha generado desafíos en la integración y seguridad.
Un grupo de inmigrantes ilegales en un cayuco
Alemania ha implementado medidas para controlar la inmigración ilegal. En septiembre de 2024, estableció controles en todas sus fronteras para frenar la entrada ilegal de inmigrantes. Estos controles, vigentes desde el 16 de septiembre, tienen una duración inicial de seis meses.
La política migratoria alemana ha evolucionado desde la era Merkel. El país ha pasado de una postura de bienvenida a una más restrictiva. Buscando equilibrar la necesidad de mano de obra cualificada con preocupaciones de seguridad.
La nueva Ley de Inmigración de Personal Cualificado, que entró en vigor en 2024, facilita la llegada de trabajadores cualificados de terceros países. Sin embargo, también se han aprobado leyes para agilizar la deportación de inmigrantes con órdenes de expulsión.
La integración de refugiados afganos presenta desafíos significativos. Muchos enfrentan barreras culturales y laborales, y algunos han estado involucrados en incidentes violentos que afectan la percepción pública.
