El caso Koldo aún sigue dando problemas. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid han accedido a la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias alrededor de las 08:25 horas de este jueves, 9 de mayo. Según informó Europa Press, la presencia policial tiene como objetivo obtener información relacionada con el caso Koldo.
La búsqueda de información se lleva a cabo debido a la implicación de Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), entre los investigados. Domínguez compareció el pasado lunes, 6 de mayo, ante la Fiscalía Europea, aunque optó por ejercer su derecho a no declarar.
Domínguez asistió como investigado en una causa relacionada con el pago de cuatro millones de euros durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que nunca se recibieron. El exdirector del SCS está siendo investigado por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Presentó su dimisión en noviembre de 2022 después de ocupar el cargo durante dos años bajo el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, quien actualmente se desempeña como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Ángel Víctor Torres durante una sesión de Control en el Senado
Específicamente, la atención del Ministerio Público europeo se centra en el pago por adelantado de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca llegaron a ser entregadas. De hecho, estas mascarillas fueron descubiertas como falsificadas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz, tras la llegada de un cargamento procedente de Etiopía.
Después de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el organismo comunitario está investigando a Domínguez, así como a Rayco González, administrador de la empresa RR7, por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales. También están bajo investigación Ana María Pérez, exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, por presunta prevaricación, entre otros implicados.
