Se trata de supuestos ilícitos contra la Administración Pública que el Juzgado investiga
El foco está hoy sobre el hermano de Pedro Sánchez. La noticia saltó ayer cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz abrió diligencias de investigación. Lo hizo contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón.
También contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de Recursos Humanos de esta institución. El hermano de Pedro Sánchez ha estado vinculado a varias polémicas que este medio ya ha publicado.
Las investigaciones surgen a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias a finales de mayo.
El foco de la investigación es el contrato de David Sánchez. Conocido como David Azagra, quien actualmente coordina el programa 'Opera Joven' de la Diputación de Badajoz.
El PP de Extremadura también quiso preguntar al presidente de la Diputación por esas polémicas.
Todo ello ha traído consigo que se abran diligencias contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.
Estas diligencias han sido abiertas por 5 presuntos delitos:
Contra la Administración Pública y la Hacienda Pública. Incluyendo malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Si se confirman los delitos investigados, David Sánchez Pérez-Castejón podría enfrentarse a severas penas estipuladas en el Código Penal:
- El delito contra la Administración Pública puede abarcar una variedad de conductas. Entre ellas la corrupción o el uso indebido de funciones públicas.
Las penas pueden variar significativamente dependiendo de la gravedad del caso. Podrían incluir desde multas e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta penas de prisión.
- El delito contra la Hacienda Pública se castiga con prisión de 1 a 5 años y multas en base a la cuantía defraudada.
Si el fraude excede los 600.000 euros o se comete en el seno de una organización criminal. Las penas pueden incrementarse hasta 6 años de prisión.
- La malversación de fondos públicos está penada con prisión de dos a seis años. Multas, y la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por un período de seis a diez años.
- La prevaricación, que implica la emisión de resoluciones injustas por parte de un funcionario público. Puede conllevar penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años. En los casos más graves, penas de prisión de hasta cuatro años.
- Las penas por tráfico de influencias pueden incluir desde multas e inhabilitación hasta penas de prisión de seis meses a dos años. Dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso.
