La pieza clave en la imputación de la asesora de Begoña Gómez que acorrala a Sánchez

El 'caso Begoña Gómez' se ha convertido en el eje de otras imputaciones que han causado un gran escándalo. Esto, pese a los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez por desacreditar la investigación protagonizada por su mujer,  y algunos funcionarios de entes públicos,  como Moncloa. 

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido imputar a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y asistente de Begoña Gómez, tras su declaración judicial en diciembre. En la que reconoció su contratación para este puesto.

El magistrado considera que su implicación en la investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno es evidente. Esto, debido a su labor en la  gestión de fondos y la respuesta a correos electrónicos relacionados con la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Estas acciones podrían constituir delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Esta nueva situación judicial supone un desafío para el presidente del Gobierno. El que ha evitado durante meses aclarar las razones detrás de la contratación de Álvarez y el salario público que percibe. Además,  en un primer momento,  Moncloa no reconoció otros gastos asociados a Begoña Gómez más allá de los vinculados a su seguridad, según adelantó este medio.

Pese a que Begoña Gómez no ocupa un cargo público, contaba con Álvarez en funciones de asistente personal para sus actividades. Lo que ha llevado al juez a modificar su situación procesal. La asesora ha sido citada nuevamente a declarar el próximo 28 de febrero a las 9:30 horas.

Aunque Moncloa negó información sobre el uso de recursos públicos en las actividades de Begoña Gómez, recientemente ha salido a la luz que Álvarez ha estado recibiendo retribuciones por su labor.

De acuerdo con El Debate, en un escrito de julio pasado, la directora del Departamento Jurídico de La Moncloa, Beatriz Rodríguez Pérez, afirmó que:

No existen más gastos (…) que los derivados de la función de seguridad.

Sin embargo, el mismo medio de comunicación subraya que, de confirmarse la existencia de pagos no reconocidos, podría tratarse de un posible delito de falsedad en documento público. Esto, en concurso con prevaricación.

Giro radical en el caso Begoña Gómez tras la petición del juez sobre su asesora

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha imputado a Cristina Álvarez. Sin embargo, esto ha traído como consecuencia que puede ser muy relevante para el caso.

Cristina Álvarez llevaba a cabo las funciones como asesora de Begoña Gómez en Moncloa. El juez la imputa por su presunta implicación en las gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Esta imputación viene motivada por presuntos delitos de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios. Aunque lo cierto es que el juez Peinado la imputa por cuatro presuntos delitos. Álvarez aseguró cuando declaró como testigo que pidió dinero para los cursos de Begoña Gómez como un "favor personal".

Sin embargo, va más allá, y por ello da un paso adelante en la investigación de la mujer de Pedro Sánchez. 

Lo cierto es que hay una de las peticiones del juez sobre de la asesora de Begoña Gómez estrecha el cerco sobre su móvil. Se trata de un oficio en paralelo a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que recabe sus tráficos de llamadas.

En dicho auto se percibe también el nombre del empresario y socio de Begoña Gómez, Barrabés. "El registro de llamadas realizadas y recibidas por la señora Álvarez desde su nombramiento y hasta el día de hoy. Todo referente a teléfonos vinculados a la UCM y su personal y a números vinculados al señor (Juan Carlos) Barrabés y su grupo".

Sin duda, un análisis que el juez espera que esclarezca y arroje más luz sobre el caso de Begoña Gómez.