El vehículo que acompañó a Pedro Sánchez en su regreso al liderazgo del PSOE en 2017 vuelve a aparecer en el escenario político. Esta vez, por uno de sus antiguos conductores. Cristian Corvillo, quien ejerció de chófer del actual presidente durante las primarias socialistas, habría sido detenido por la Guardia Civil, según publica El Debate, en el marco de las investigaciones relacionadas con la trama Koldo.
Su nombre llevaba tiempo apareciendo en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO). Los investigadores lo relacionan con distintas gestiones realizadas para el empresario Víctor de Aldama, una de las figuras centrales del procedimiento judicial.
Corvillo detenido por los investigadores
La investigación apunta a que Corvillo pudo obtener hasta 100.000 euros por su participación en operaciones relacionadas con la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Esa cantidad figuraba asociada a su nombre de pila en un documento elaborado por Aldama en 2020.
Del Peugeot de las primarias a los negocios de Transportes
La trayectoria de Corvillo introduce una conexión política especialmente significativa. En 2017 acompañaba a Sánchez en su campaña para recuperar la Secretaría General del PSOE frente a Susana Díaz. Años después, su nombre aparecía vinculado a personas del entorno de José Luis Ábalos y Koldo García.
Los informes policiales también recogen comunicaciones entre Corvillo y Aldama relacionadas con contratos de mascarillas y operaciones inmobiliarias. Entre ellas figura la adquisición de un chalé en La Alcaidesa, Cádiz, presuntamente destinado a Ábalos.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas investigaciones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública vinculadas al Ministerio de Transportes y Adif.
La cuestión ahora es determinar el alcance concreto de la intervención de Corvillo en las operaciones investigadas y si existieron contraprestaciones económicas ilícitas.
Su antigua proximidad política con Sánchez no acredita conocimiento ni participación del presidente en los hechos investigados. La eventual responsabilidad penal deberá establecerse mediante pruebas y resoluciones judiciales.
