El partido busca ampliar las restricciones electorales a hijos de nacionalizados y beneficiarios que cambiaron de censo
La ley de nietos vuelve a situarse en el centro de una batalla judicial a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Iustitia Europa quiere evitar que determinados beneficiarios de este procedimiento de nacionalización puedan ejercer su derecho al voto mientras sus expedientes continúan bajo revisión. Para ello, ha solicitado al Tribunal Supremo que amplíe las restricciones electorales que ya fueron acordadas en resoluciones anteriores.
La organización presidida por Luis María Pardo considera que existen dos situaciones que podrían permitir sortear las suspensiones vigentes. Una de ellas afecta a ciudadanos que, después de quedar incluidos en las medidas cautelares, trasladaron su residencia a España y modificaron su inscripción electoral. La otra se refiere a hijos mayores de edad cuya nacionalidad deriva de la de sus progenitores, también sometidos a comprobación.
La formación pretende que el alto tribunal examine individualmente ambos supuestos y evite que las medidas judiciales pierdan eficacia antes de la próxima cita con las urnas. Su nueva ofensiva quedó formalizada el 5 de noviembre mediante un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelarísimas.
Un cambio de censo que puede alterar las restricciones
El traslado de la residencia al territorio nacional es uno de los puntos que más preocupa a Iustitia Europa. La formación pone el foco en quienes consiguieron la nacionalidad mediante el Anexo I de la instrucción de 25 de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente, y que posteriormente pasaron del registro electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) al correspondiente a quienes viven en España (CER).
A juicio de la organización, modificar la inscripción censal no debería permitir recuperar la participación electoral cuando el reconocimiento de la nacionalidad sigue pendiente de comprobación. El recurso advierte de que "la eficacia material de la medida cautelar previamente acordada quedaría comprometida" si ese cambio administrativo bastara para sortear las restricciones.
Por este motivo, reclama que se revisen los movimientos entre ambos censos y que se suspendan provisionalmente los efectos electorales de quienes estén comprendidos en las resoluciones anteriores. La iniciativa no cuestiona la nacionalidad de estas personas ni plantea su retirada, sino que pretende impedir que puedan ejercer derechos electorales mientras se resuelven las comprobaciones pendientes.
La controversia se extiende a los descendientes
La segunda cuestión afecta a los hijos mayores de edad que obtuvieron la nacionalidad por el Anexo III de la misma instrucción. La reclamación se limita a aquellos cuyos progenitores están incluidos en los expedientes del Anexo I que permanecen bajo revisión.
Iustitia Europa entiende que permitir votar a estos descendientes mientras sus padres tienen suspendidos los efectos electorales podría generar una desigualdad difícil de justificar. En el escrito sostiene que sus derechos «pueden desplegar plena eficacia electoral sin haberse completado la comprobación de los presupuestos registrales que relacionan ambos expedientes».
La formación considera que esta situación "compromete la coherencia y efectividad de la tutela cautelar ya acordada" y pide al Supremo que compruebe los vínculos entre los expedientes familiares antes de determinar si procede extender las restricciones.
La solicitud tampoco engloba a todos los descendientes acogidos al Anexo III, ya que este apartado incluye igualmente a hijos de personas nacionalizadas mediante la legislación de 2007. El recurso se circunscribe a quienes mantienen una relación directa con los progenitores del Anexo I cuestionado.
La nueva ofensiva judicial también impugna el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), expediente 209/384, que remitió las nuevas peticiones de comprobación a procedimientos pendientes ante el Supremo. La formación reclama que el tribunal identifique a los afectados y determine si deben quedar sujetos a las medidas cautelares dictadas el 10 de septiembre y mantenidas el 12 de octubre.
