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Un hombre con expresión seria en primer plano y tres imágenes circulares de otros hombres en el fondo.
POLÍTICA

Esta es la pena a la que podría enfrentarse Ábalos si fuese condenado

El exministro socialista se encuentra en el centro de la polémica

La publicación de una serie de mensajes privados entre Pedro Sánchez, y su antiguo colaborador de máxima confianza, el exministro socialista José Luis Ábalos, ha coincidido con un momento especialmente delicado.

Los mensajes, difundidos por el diario El Mundo, fueron intercambiados cuando Ábalos ejercía como secretario de Organización del PSOE. Momento para el cual contaba con el respaldo más estrecho de Sánchez en el seno del partido.

La filtración se produce mientras avanza la investigación abierta por el Tribunal Supremo contra Ábalos, quien ahora ocupa un escaño en el Congreso como diputado del Grupo Mixto. La causa judicial, iniciada en noviembre, contempla delitos de especial gravedad. Entre estos, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Un hombre con barba y expresión seria mirando hacia abajo.

En conjunto, las penas máximas previstas para estos cargos podrían alcanzar los 22 años de prisión en caso de que se llegue a juicio y se dicte una sentencia condenatoria. En detalle, la organización criminal conlleva hasta ocho años de cárcel; el cohecho, seis; el tráfico de influencias, dos; y la malversación, otros seis.

La instrucción judicial comenzó focalizándose en los contratos de emergencia concedidos durante la pandemia de COVID-19 por el Ministerio de Transportes —entonces liderado por Ábalos— a la empresa Soluciones de Gestión. Las autoridades investigan si dichos contratos implicaron algún tipo de contraprestación ilegal, ya fuera en efectivo o en especie. Esto, tanto para Ábalos como para su entonces asesor, Koldo García, también imputado en otras piezas del caso Delorme.

Lejos de cerrarse, la causa se ha ido ampliando con nuevas líneas de investigación. La Fiscalía ha detectado indicios de posibles irregularidades en otros contratos y ha solicitado la colaboración de diversas instituciones para rastrear pagos, propiedades y posibles testaferros vinculados a los investigados.

La aparición de los mensajes entre Sánchez y Ábalos no solo ha generado reacciones políticas, sino que también ha añadido presión mediática al Ejecutivo. Esto, en un contexto en el que varios casos de presunta corrupción afectan directamente al entorno de la Moncloa. Mientras la oposición exige transparencia y explicaciones urgentes, el Gobierno intenta minimizar el impacto de unas revelaciones que llegan en plena crisis de confianza institucional.

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