La decisión del Ejecutivo de rebajar el IVA de la gasolina y el diésel del 21% al 10% llega en un contexto de fuerte presión económica derivada de la guerra en Irán. Sin embargo, lejos de ser una respuesta contundente, esta medida plantea más dudas que certezas sobre la capacidad del Gobierno para anticiparse a las crisis energéticas y proteger eficazmente a los ciudadanos.
En un escenario internacional cada vez más inestable, marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados energéticos, la falta de previsión vuelve a situarse en el centro del debate. La dependencia del exterior y la ausencia de medidas preventivas han dejado al país expuesto a un encarecimiento que ahora se intenta corregir de forma apresurada.
El anuncio se produce tras un Consejo de Ministros extraordinario convocado con urgencia, después de que los precios de los carburantes hayan alcanzado los 2 euros por litro. Este nivel, claramente insostenible para familias, autónomos y sectores clave como el transporte o el campo, evidencia una reacción tardía del Ejecutivo, que ha actuado únicamente cuando la situación se ha vuelto crítica.
Una rebaja fiscal impuesta por la presión política
Resulta especialmente significativo que esta medida no haya surgido de la iniciativa del propio Gobierno, sino de la presión ejercida por la oposición. El Partido Popular llevaba tiempo reclamando una rebaja del IVA de los carburantes, defendiendo que el uso del coche es una necesidad básica, especialmente en entornos rurales.
