Una ley orgánica de 2021 eliminó del Código Penal el apartado que castigaba las presiones para obligar a otros a iniciar o continuar un paro
Pedro Sánchez eliminó del Código Penal el precepto que castigaba de forma específica a quienes coaccionaran a otras personas para iniciar o continuar una huelga. La reforma se aprobó mediante una ley orgánica en 2021 y suprimió por completo el apartado tercero del artículo 315.
La información, publicada por El Debate, cobra especial relevancia durante la huelga general de este 11 de noviembre, una jornada que ha dejado cientos de incidencias y decenas de detenidos en distintos puntos de España.
El artículo retirado contemplaba penas de prisión de un año y nueve meses a tres años, o multas de entre 18 y 24 meses, para quienes actuaran en grupo, o concertados con otros, para presionar a trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga.
La Ley Orgánica 5/2021 eliminó el apartado que protegía expresamente la libertad de quienes decidían no secundar un paro. El Ejecutivo justificó la derogación al entender que aquel artículo podía disuadir el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical.
Sin embargo, la norma borró una protección concreta frente a las coacciones en un ámbito especialmente delicado: el derecho de los trabajadores a decidir si secundan o no una convocatoria sindical.
Sánchez priorizó las reivindicaciones de quienes impulsan las huelgas frente a quienes deciden ejercer su derecho a trabajar. La reforma dejó de contemplar una pena específica para una conducta que puede condicionar la libertad individual de miles de empleados.
El precepto original databa de 1995. El Gobierno de Mariano Rajoy lo modificó en 2015 y redujo las penas previstas, tanto para quienes impidieran ejercer el derecho de huelga como para quienes presionaran a otros para secundarla. Sánchez fue más allá: eliminó el apartado dedicado a las coacciones para hacer huelga.
La decisión legislativa vuelve al centro del debate en una jornada marcada por incidentes en varias comunidades. El Ministerio del Interior había contabilizado, hasta las 14:00 horas, 653 incidencias relacionadas con la huelga general.
Además, se registraron más de 40 detenidos en toda España, según el balance difundido durante la jornada. Policía Nacional y Guardia Civil practicaron 28 arrestos, con intervenciones en Andalucía, Madrid, la Comunitat Valenciana, Zamora, Navarra, Valladolid y La Rioja.
La huelga vuelve a demostrar que defender el derecho a parar no puede significar abandonar a quienes eligen no hacerlo. Sánchez eliminó una herramienta penal concreta contra esas presiones, dejando sin esa protección específica a los trabajadores que quieren seguir con su jornada.
