El Consejo de Ministros apunta a seis bloques, entre ellos vivienda, burka y energías renovables
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, la norma que aprobaron PP y Vox en Les Corts a finales de julio. El recurso se dirige a 20 de los 200 artículos que tiene la ley, entre ellos el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda y a las prestaciones sociales.
El argumento del Gobierno
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha explicado en rueda de prensa que el Ejecutivo considera que preceptos como el concepto de 'prioridad nacional' «contradice condiciones básicas como la igualdad entre personas y el estatuto de personas extranjeras». El Gobierno defiende que son artículos que invaden competencias del Estado, y será el Tribunal Constitucional (TC) quien decida.
Seis bloques de artículos
El Gobierno agrupa en seis bloques los artículos que impugnará. El primero es el de la 'prioridad nacional' y los criterios de arraigo en vivienda y prestaciones. El segundo, la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo. El tercero, los derechos de la infancia y la adolescencia, con la protección del derecho a la vida de los no nacidos y la reagrupación familiar de menores tutelados. El cuarto, la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos públicos, que incluye el uso del burka o el niqab. El quinto, los proyectos estratégicos de energías renovables, y el sexto, el régimen de provisión de puestos de la función pública valenciana.
Para el Gobierno, en este último caso se vulneran los artículos 23.2 y 14 de la Constitución, al exigir a los funcionarios de otras administraciones una antigüedad mínima de diez años para acceder a puestos de dirección pública profesional, que, a su juicio, «no resulta equivalente ni equiparable» a la que se pide a los de la Generalitat.
La posición del delegado del Gobierno
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha señalado en Torrent que era «evidente» que tenían que llevar la ley al TC porque «el Estado tiene que velar por el mantenimiento de la igualdad efectiva» entre los ciudadanos. Según ha afirmado, hay artículos «abiertamente anticonstitucionales», algunos «muy evidentes» y otros «más disfrazados».
Qué pasa ahora
El Consell que preside Juanfran Pérez Llorca ha anunciado que defenderá la ley ante el TC. El recurso solo afecta al 10% del articulado, y el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre cada uno de los puntos impugnados.
