Los trabajos de modernización del AVE entre Madrid y Sevilla han obligado a Adif a destinar más dinero y personal a la supervisión de las obras, después de que los cálculos iniciales sobre los recursos necesarios resultaran insuficientes. La situación ha quedado reflejada en varios cambios contractuales aprobados por el gestor ferroviario, que ha tenido que ampliar los plazos de vigilancia de las actuaciones y reforzar las inspecciones técnicas.
Según publica Vozpópuli, el organismo dependiente del Ministerio de Transportes dejó constancia de estas dificultades en un expediente aprobado en agosto de 2026, relacionado con los trabajos desarrollados en las provincias de Madrid, Toledo y Ciudad Real. La documentación revela que Adif tuvo que adaptar sus previsiones a medida que avanzaban las intervenciones, ante la imposibilidad de determinar inicialmente todos los medios que acabarían siendo necesarios.
El reconocimiento se produjo en un año marcado por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), en enero, y Urda (Toledo), en octubre, registrados en el corredor Madrid-Sevilla. Sin embargo, los documentos analizados no permiten atribuir estos sucesos a las modificaciones de los contratos ni a las dificultades detectadas durante la renovación.
La explicación ofrecida por Adif se centra en la falta de antecedentes. Hasta entonces, España no había afrontado una operación de renovación de semejante alcance sobre una infraestructura de alta velocidad en funcionamiento. Esta circunstancia, según el gestor, complicó la elaboración de los cálculos previos y obligó a introducir cambios durante el desarrollo del proyecto.
España no había afrontado una operación de renovación de semejante alcance sobre una infraestructura de alta velocidad en funcionamiento
Los retrasos ya habían quedado documentados en 2024, cuando la entidad pública admitió que parte de los trabajos no se había completado dentro de los plazos establecidos. La situación se prolongó durante los ejercicios posteriores y terminó afectando también a los contratos destinados a comprobar que las obras se ejecutaban correctamente.
El contrato de supervisión se encarece un 50%
Las consecuencias económicas de estos cambios se reflejan en el acuerdo suscrito con Ayesa Ingeniería y Arquitectura, empresa responsable de controlar la ejecución de seis contratos de obras en la línea ferroviaria.
La adjudicación, formalizada en 2022, tenía inicialmente un presupuesto de 2,60 millones de euros, sin IVA. Sin embargo, tras las modificaciones introducidas, la cantidad ascendió hasta los 3,90 millones, es decir, 1,30 millones adicionales.
También se modificó el tiempo durante el que la compañía debía prestar sus servicios. Frente a los 53 meses previstos originalmente, el contrato pasó primero a 58 y posteriormente a 66 meses. Esta última ampliación, autorizada en agosto de 2026, añadió ocho meses más de vigilancia y sitúa la continuidad de estos trabajos, según la documentación, hasta septiembre de 2027.
Adif defendió la necesidad de prolongar la relación contractual con Ayesa al considerar que un cambio de empresa podía generar complicaciones adicionales. Entre los riesgos señalados figuraban la interrupción de las obras, posibles exigencias de compensaciones por parte de las constructoras y un incremento de los gastos derivados de nuevas demoras.
El gestor ferroviario también puso en valor la experiencia adquirida por la adjudicataria durante los años anteriores, argumentando que mantener al mismo equipo facilitaría el seguimiento de los trabajos todavía pendientes.
Adif aumenta la vigilancia sobre las soldaduras ferroviarias
Más allá del incremento presupuestario, la documentación también recoge una decisión relacionada con el control de las uniones soldadas de los carriles.
En agosto de 2026, el organismo ferroviario determinó que era necesario disponer de dos técnicos especializados más para inspeccionar estas operaciones. La medida estuvo acompañada de un refuerzo de los medios materiales utilizados en las tareas de vigilancia.
Esta necesidad de ampliar los controles técnicos quedó incorporada a la modificación contractual, junto con los ajustes derivados de la prolongación de las obras.
Las intervenciones forman parte de la renovación de una infraestructura que comenzó a funcionar en 1992 y que, más de tres décadas después, está siendo sometida a una actualización de sus principales componentes.
El programa incluye la sustitución de elementos de la vía, actuaciones sobre desvíos y diferentes mejoras de los sistemas ferroviarios. Asimismo, contempla la transformación de los mecanismos de señalización mediante la incorporación del ERTMS, un sistema europeo que reemplazará al actual LZB y cuya implantación fue adjudicada a la compañía francesa Thales.
