El que fuera hombre de confianza de José Luis Ábalos pretende que el Tribunal Constitucional intervenga en el procedimiento y suspenda la ejecución de la pena
Koldo García ha abierto una nueva vía judicial para intentar evitar el cumplimiento de los 19 años y ocho meses de prisión que le impuso el Tribunal Supremo por su implicación en la trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas. El que fuera hombre de confianza de José Luis Ábalos pretende que el Tribunal Constitucional intervenga en el procedimiento y suspenda la ejecución de la pena mientras examina las presuntas irregularidades denunciadas por su defensa.
La estrategia del antiguo asesor ministerial coincide con la emprendida por su antiguo jefe, que también recurrió a la corte de garantías tras recibir una condena por el mismo procedimiento. Ambos cuestionan la actuación del Supremo y buscan que se revisen las decisiones judiciales que desembocaron en sus respectivas condenas.
El escrito presentado por García plantea un escenario en el que el juicio podría quedar invalidado por una cuestión de competencia judicial. Su defensa argumenta que la salida de Ábalos del Congreso, en enero de 2026, modificó las circunstancias que habían llevado el procedimiento hasta el Supremo.
Al perder el exministro su condición de diputado, desapareció también su aforamiento. Según los argumentos del recurso, esta situación obligaba a trasladar las actuaciones a la Audiencia Nacional, en lugar de mantener el juicio ante el alto tribunal.
Al perder el exministro su condición de diputado, desapareció también su aforamiento
Por ello, el exasesor reclama que se revise la validez del procedimiento y se remita la causa al órgano que considera competente. Si el Constitucional no acepta esta pretensión, pide al menos que se reexamine la decisión del Supremo de rechazar la nulidad de la sentencia.
Las acusaciones sobre el trato a Aldama
La actuación de Víctor de Aldama durante el proceso judicial constituye otro de los frentes abiertos por la defensa de García. El empresario consiguió evitar el ingreso en prisión después de colaborar con la Justicia y recibir una pena de cuatro años y medio, muy inferior a la impuesta a los otros implicados.
Esta diferencia es uno de los elementos utilizados por la abogada Leticia de la Hoz para cuestionar las garantías del procedimiento. La letrada, que posteriormente anunció su decisión de abandonar la defensa del exasesor, sostiene que el tratamiento recibido por Aldama presenta circunstancias que deberían ser examinadas.
En particular, plantea dudas sobre la existencia de un posible entendimiento con el Ministerio Público que no habría quedado formalizado documentalmente. A su juicio, esta situación habría perjudicado a las demás defensas, que desconocían las condiciones en las que se habría desarrollado esa colaboración.
Sin embargo, Anticorrupción rechazó durante el juicio haber pactado con el empresario y mantuvo una petición de siete años de cárcel. Finalmente, los magistrados establecieron una condena menor y acordaron suspender su ejecución.
La representación de García considera que estas circunstancias deben tenerse en cuenta al valorar si todos los acusados disfrutaron de las mismas garantías procesales.
