Begoña Gómez enfrenta un futuro judicial complejo
En un giro más del caso que sacude al Gobierno, las acusaciones populares contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, han pedido al juez Juan Carlos Peinado medidas urgentes.
Quieren bloquear el acceso a los correos electrónicos de Begoña Gómez y de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. El temor es claro: evitar que se borren datos vitales, como ya pasó con el fiscal general Álvaro García Ortiz.
Ese precedente deja en alerta a los investigadores. García Ortiz desactivó su cuenta de Gmail y eliminó todo su contenido. Eso ocurrió cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intentaba recuperar mensajes clave para su juicio en el Supremo.
El informe reciente de la UCO pone el foco en los emails de Álvarez. Muestra que ella gestionaba la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense con detalle, hablaba de proyectos en primera persona del plural. Para ello, usaba el correo de Presidencia como tarjeta de visita.
Todo esto en horario laboral, se contaron 121 correos con 11 empresas distintas. Las acusaciones ven ahí indicios de malversación, creen que esos mensajes prueban el desvío de fondos públicos a fines privados.
La petición no es casual. La investigación cubre correos de 2018 a 2024, incluye cuentas oficiales de presidencia.gob.es y privadas de Gmail. Presidencia del Gobierno se resiste a entregar el material completo.
Google, que maneja las cuentas de Gmail, solo actuará con una orden judicial expresa. Por eso, las acusaciones urgen "medidas inmediatas de conservación". Quieren que el juez requiera a la Administración del Estado, a proveedores públicos y privados que preserven todo.
"Es esencial para reconstruir la cronología del plan de desvío de fondos", dicen en su escrito. Añaden que se debe acreditar que Álvarez recibía instrucciones directas de Begoña Gómez para actividades no oficiales. También, que se usaron medios públicos para comunicaciones privadas.
El escrito detalla más. Piden "entrega íntegra, en soporte forense y con metadatos completos" de todas las comunicaciones entre Gómez y Álvarez. Sospechan que podrían eliminar cuentas, igual que García Ortiz.
Él borró su Gmail, usado por una década, donde guardaba copias de WhatsApp, eso fue en febrero de 2025, cuando la UCO investigaba revelación de secretos. El Supremo lo citará a juicio pronto. Ese caso ya generó revuelo y ahora, el de Gómez añade presión al Ejecutivo.
