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Un hombre con expresión seria en primer plano y tres imágenes circulares de otros hombres en el fondo.
POLÍTICA

Así es la nueva estrategia de Ábalos para frenar al Supremo

Ábalos acusa al juez de basarse en conjeturas, no en hechos

El exministro socialista José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que detenga la decisión del juez de abrir una pieza separada sobre presuntos amaños en obras públicas. Para su defensa, esta maniobra solo alarga el proceso y crea más confusión en un caso ya abierto. El movimiento deja en evidencia la tensión dentro del PSOE, partido cada vez más salpicado por escándalos de corrupción.

El 'caso Koldo' investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas durante gobiernos socialistas. Entre los imputados figuran no solo Ábalos y su exasesor Koldo García, sino también altos cargos del PSOE como Santos Cerdán y empresarios beneficiados. Todo apunta a un entramado que mezcla política y negocios con dinero público.

La defensa de Ábalos sostiene que no existen pruebas reales de su implicación en el cobro de comisiones ni en la compra de mascarillas investigada. Afirma que la apertura de la pieza separada carece de base jurídica y vulnera el derecho de defensa. Denuncia que el juez construye un relato sobre conjeturas y filtraciones de prensa sin respaldo probatorio.

Hombre de mediana edad con barba y cabello corto sentado en un escaño de madera en lo que parece ser una sala de gobierno

Además, critica que se insinúe una relación personal entre Ábalos y el presunto conseguidor Aldama sin pruebas claras. Ni las declaraciones ni los mensajes publicados permiten sostenerlo. Considera que esta estrategia busca desgastar su imagen y desviar la atención del verdadero escándalo de corrupción socialista.

Por todo ello, pide al Supremo que anule la decisión del juez y mantenga el procedimiento en una sola causa. Avisa de que dividir la investigación solo genera duplicidades, retrasos y más opacidad. Reclama que se actúe con rigor y sin 'presunciones' para que se respeten las garantías procesales.

Este caso evidencia que los gobiernos socialistas han estado implicados en adjudicaciones dudosas y en comisiones millonarias. Muestra también que el PSOE se niega a asumir responsabilidades mientras aumentan los procesos judiciales. Ahora corresponde al Tribunal Supremo poner orden y asegurar que la investigación sea limpia y sin maniobras políticas.

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