EDATV El paso clave del juez Peinado que acorrala a Begoña Gómez y al Gobierno de Sánchez
El 'caso Begoña Gómez' sigue avanzando pese a los intentos del Gobierno por desprestigiar al juez Peinado
El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha solicitado a la Presidencia del Gobierno información detallada sobre los asesores y trabajadores de Moncloa. La investigación busca esclarecer si estos recursos públicos fueron utilizados para labores personales relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en la gestión de una cátedra universitaria.
El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, pretende determinar el alcance de las funciones realizadas por Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. La que está implicada en gestiones relacionadas con la Cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Documentos del sumario revelan que Álvarez utilizó su correo oficial para contactar con personal de la UCM y gestionar asuntos relacionados con la cátedra. Entre los correos destaca una comunicación con Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación de Reale Seguros. La misma en la que la asesora trasladó la intención de Gómez de mantener la colaboración con dicha empresa para financiar la cátedra, incluso con aportaciones menores.
Begoña Gómez con Cristina Álvarez en la investidura de Sánchez | Europa Press
El juez ha solicitado también documentación a la UCM para analizar los trámites realizados en favor de la cátedra. Así como los registros relacionados con esta. La diligencia incluye requerimientos a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado.
Cristina Álvarez ha sido citada a declarar como testigo el próximo 20 de diciembre. Su testimonio será clave para esclarecer si sus gestiones formaban parte de sus responsabilidades oficiales o si, por el contrario, excedían su rol en Moncloa.
El uso de recursos públicos para actividades personales genera dudas sobre posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción. En este contexto, las acusaciones populares han solicitado que se investigue el rol de otros asesores y trabajadores en Moncloa.
Begoña Gómez ha sido doblemente imputada | Europa Press
Además de los correos electrónicos, el juez examinará el impacto de las gestiones de Álvarez en el funcionamiento de la cátedra. Según los correos, la asesora recibió indicaciones para facilitar contratos y registros, acciones que podrían ir más allá de las competencias propias de su puesto.
El caso ha despertado críticas por el posible uso indebido de recursos públicos para intereses privados. En particular, el correo en el que se pide a Reale Seguros continuar como patrocinador de la cátedra. Resalta la estrecha relación entre Moncloa, la UCM y empresas privadas.
Begoña Gómez deberá comparecer también en sede judicial, donde enfrentará acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Su testimonio será fundamental para esclarecer los vínculos entre su posición como codirectora de la cátedra y las gestiones realizadas desde Moncloa.
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