La recta final de la legislatura llega marcada por un fuerte bloqueo parlamentario. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta el nuevo curso político con decenas de iniciativas paralizadas en el Congreso de los Diputados, una situación que refleja la debilidad de la mayoría que sostuvo la investidura y las dificultades para sacar adelante su agenda legislativa tras la ruptura política con Junts.
El cierre del periodo de sesiones deja una imagen inédita en la Cámara Baja. Según los datos del Congreso, un total de 77 proyectos y proposiciones de ley permanecen bloqueados mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, un mecanismo reglamentario que impide que las iniciativas continúen su tramitación parlamentaria.
La estrategia del Gobierno
Esta estrategia se ha convertido en una herramienta habitual del Ejecutivo para evitar que los textos lleguen al debate y a la votación definitiva. De este modo, el Gobierno gana tiempo y reduce el riesgo de sufrir derrotas parlamentarias en un escenario donde cada iniciativa depende de complejas negociaciones con los partidos que apoyaron la investidura.
La pérdida de estabilidad tras el distanciamiento con Junts ha cambiado el equilibrio en el Congreso. Sin una mayoría sólida, el Ejecutivo necesita negociar prácticamente cada votación, una circunstancia que ha incrementado la presión sobre el Gobierno y ha dificultado la aprobación de nuevas reformas.
La Mesa del Congreso, órgano encargado de ordenar la actividad parlamentaria, ha aprobado de forma reiterada las ampliaciones del plazo de enmiendas
Fuentes parlamentarias señalan que muchas de las iniciativas congeladas afectan a proyectos impulsados por el propio Consejo de Ministros. En lugar de acelerar su tramitación, el Ejecutivo ha optado por mantenerlas bloqueadas para evitar modificaciones que alteren el contenido original o exigencias de sus socios.
La Mesa del Congreso, órgano encargado de ordenar la actividad parlamentaria, ha aprobado de forma reiterada las ampliaciones del plazo de enmiendas. Este procedimiento, previsto en el reglamento de la Cámara, ha sido utilizado de manera continuada durante los últimos meses para retrasar la llegada de los proyectos al Pleno.
La oposición considera que esta práctica evidencia la fragilidad del Ejecutivo y sostiene que el Gobierno prefiere mantener sus propias leyes paralizadas antes que afrontar el riesgo de perder una votación. A su juicio, el Congreso se encuentra inmerso en un bloqueo que impide el desarrollo normal de la actividad legislativa.
