La nueva delegada también coincidió con Begoña Gómez en diciembre de 2019, durante un encuentro internacional sobre juventud, derechos humanos y cambio climático celebrado en Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez ha nombrado este martes a Pilar Trinidad Núñez nueva delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. La hasta ahora subdelegada sustituye a Francisco Martín, que presentó su dimisión después de quedarse fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Sin embargo, su llegada al cargo devuelve a la actualidad un episodio de su etapa como secretaria general de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC): su intervención en la aprobación de un curso vinculado al empresario Juan Carlos Barrabés, colaborador académico de Begoña Gómez.
Según publicó The Objective, Trinidad firmó electrónicamente el 17 de octubre de 2023 la certificación de un programa universitario sobre digitalización, innovación y tecnología aplicada al deporte.
El dato más llamativo está en las fechas. La aprobación académica se produjo dos meses antes de que la Asociación del Deporte Español (ADESP) convocara una licitación de aproximadamente cuatro millones de euros que terminó adjudicada a Barrabés.biz.
Pilar Trinidad Núñez, nueva delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid
El citado periódico cuestionó las condiciones del procedimiento al revelar que la documentación universitaria ya contemplaba la participación del empresario antes de la convocatoria del concurso.
No obstante, la firma de Trinidad acreditaba la aprobación académica del programa y no demuestra, por sí misma, ninguna participación irregular en la adjudicación.
Su coincidencia con Begoña Gómez
La nueva delegada también coincidió con Begoña Gómez en diciembre de 2019, durante un encuentro internacional sobre juventud, derechos humanos y cambio climático celebrado en Madrid.
Su trayectoria universitaria incluye otro episodio conocido: como responsable de Inspección de la URJC, investigó internamente el escándalo del máster de Cristina Cifuentes y declaró posteriormente como testigo ante la Justicia.
Ahora, el Ejecutivo sitúa al frente de la Delegación del Gobierno a una dirigente cuya trayectoria vuelve a quedar bajo el foco político por el contrato relacionado con Barrabés.
El nombramiento plantea una cuestión: qué conocimiento tenía el Gobierno de aquellas informaciones cuando decidió promocionarla para representar al Ejecutivo en Madrid.
