La juez de la Audiencia Nacional exige conocer qué autoridades fueron alertadas, cuándo recibieron la información y qué decisiones adoptaron ante la entrada masiva de inmigrantes de julio
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha reclamado al Consejo de Ministros que desclasifique, en un plazo máximo de 15 días, los informes reservados del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas sobre la invasión de Ceuta del pasado mes de julio.
La instructora quiere determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos previos a la entrada masiva, con qué antelación fueron advertidas y qué respuesta adoptaron. La documentación será clave para esclarecer si el Gobierno de Pedro Sánchez dispuso de alertas suficientes y, pese a ello, no activó los medios necesarios para impedir lo ocurrido.
Tardón investiga los hechos como posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado. La magistrada considera imprescindible acceder a los informes completos para avanzar en una causa que pone bajo la lupa la actuación de las instituciones españolas antes, durante y después de una invasión que dejó a Ceuta desbordada.
La juez Tardón reclama al Gobierno desclasificar en 15 días los informes del CNI sobre la invasión de Ceuta
La juez reprocha al CNI una información incompleta
La petición de Tardón llega después de que el CNI remitiera el pasado 14 de octubre un informe que, según la magistrada, no respondía de forma completa a las cuestiones planteadas por el juzgado. Parte de la documentación mantenía las mismas tachaduras que los papeles ya desclasificados por el Gobierno el 8 de septiembre.
La juez reprocha al organismo que la información facilitada no aportara "ningún extremo" nuevo respecto a las diligencias ya practicadas. El CNI se limitó a indicar que sus análisis fueron remitidos a "las autoridades" o a "los organismos correspondientes", sin identificar a qué responsables concretos se trasladaron las alertas.
Tardón solicita ahora todas las notas e informes elaborados por el CNI desde el día de la invasión, así como aquellos relacionados con la actuación de Marruecos. También pide que puedan declarar como testigos los miembros de los servicios de inteligencia que mantuvieran comunicaciones con agentes de la Guardia Civil, en particular con la unidad UCE-3.
La magistrada considera que esos testimonios pueden aportar un conocimiento "directo, personal y muy relevante" sobre la preparación de la entrada masiva y sobre la información que llegó a las instituciones del Estado.
La juez Tardón reclama al Gobierno desclasificar en 15 días los informes del CNI sobre la invasión de Ceuta
Las comunicaciones con Marruecos, bajo el foco judicial
La Audiencia Nacional reclama también la desclasificación completa de las comunicaciones entre los servicios de inteligencia españoles y marroquíes. El CNI habría entregado únicamente una de las 20 notas que se habrían dirigido a los organismos marroquíes DGED y DGST.
Tardón pide conocer todas las alertas, avisos y comunicaciones emitidas o recibidas durante julio y hasta la actualidad. Entre la documentación solicitada destaca la nota del 29 de julio, cuyo contenido podría ayudar a identificar a los responsables de grupos de WhatsApp y Facebook que habrían impulsado la entrada masiva de personas en Ceuta.
La juez sostiene que el carácter reservado de estos documentos no puede crear un "espacio inmune al control jurisdiccional". A su juicio, el hecho de que el Gobierno ya hubiera autorizado la desclasificación parcial de otros papeles demuestra que la protección de los secretos oficiales es compatible con una investigación penal.
La información reclamada permitirá determinar qué autoridades conocían la convocatoria de la invasión, desde qué momento y qué decisiones adoptaron —o dejaron de adoptar—. Una cuestión central para esclarecer por qué el Gobierno no evitó una entrada masiva que puso en jaque la seguridad, la convivencia y la soberanía española en Ceuta.
