El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la supresión de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apenas cinco semanas después de la tragedia de Adamuz (Córdoba), ocurrida el pasado 18 de enero y que dejó 46 fallecidos. La decisión se formalizó mediante un real decreto aprobado el 25 de febrero, bajo la responsabilidad del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente.
Según ha publicado El Debate, la medida quedó recogida en el Real Decreto 141/2026, que estableció la desaparición de tres comisiones dedicadas a investigar accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos. Su supresión efectiva quedó vinculada a la constitución de una nueva autoridad independiente, que asumió esas funciones el 15 de julio.
La decisión vuelve a poner bajo el foco la gestión de Óscar Puente y del Ejecutivo socialista, especialmente después del nuevo accidente ferroviario de Urda (Toledo). El Gobierno deberá explicar cómo se desarrolló la reorganización de los órganos responsables de investigar las grandes tragedias del transporte.
Óscar Puente suprimió la comisión de accidentes ferroviarios mes y medio después de la tragedia de Adamuz
El Gobierno retrasó más de seis meses la puesta en marcha del organismo
La antigua CIAF se encargaba de investigar técnicamente los accidentes ferroviarios graves, determinar sus causas y formular recomendaciones para evitar nuevas tragedias. Sus trabajos incluían el análisis del estado de las vías, los sistemas de señalización, los protocolos de circulación y el mantenimiento.
El Gobierno decidió integrar esas funciones en la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), creada mediante una ley aprobada en agosto de 2024.
Sin embargo, el Ejecutivo incumplió el plazo previsto para aprobar su estatuto orgánico, que finalizaba en agosto de 2025. La regulación no llegó hasta febrero de 2026, más de seis meses después de lo establecido legalmente.
Aunque la nueva autoridad asumió las competencias de las comisiones anteriores, el retraso en su puesta en funcionamiento plantea preguntas sobre las prioridades del Gobierno de Sánchez en materia de investigación y seguridad del transporte.
Óscar Puente suprimió la comisión de accidentes ferroviarios mes y medio después de la tragedia de Adamuz
Las denuncias sobre falta de independencia vuelven a señalar a Óscar Puente
La reorganización también ha quedado rodeada de controversia por las críticas formuladas desde el ámbito de la investigación ferroviaria. Según El Debate, una investigadora vinculada a la CIAF denunció el pasado 8 de octubre en el Congreso supuestas modificaciones de informes técnicos en instancias superiores.
La investigadora también cuestionó la "falta de transparencia" e "independencia" en las actuaciones relacionadas con el accidente de Adamuz, además de denunciar opacidad en los documentos elaborados durante las investigaciones.
A estas críticas se sumaron las discrepancias entre Óscar Puente y el entonces presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, después de que este planteara públicamente la hipótesis de una soldadura defectuosa como posible causa del accidente de Córdoba.
El nuevo siniestro de Toledo, registrado apenas nueve meses después de Adamuz, incrementa la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro de Transportes, aunque no existen pruebas de que la reorganización administrativa haya contribuido al accidente.
El Ejecutivo deberá rendir cuentas por los retrasos en la puesta en marcha del nuevo organismo y garantizar que las investigaciones ferroviarias se desarrollen con plena independencia, transparencia y rigor técnico.
