La gestión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes llega al Tribunal Supremo tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). Vox ha presentado este jueves una querella contra el ministro por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, al entender que la Justicia debe examinar si existieron omisiones en sus obligaciones de vigilancia y prevención de riesgos.
La iniciativa pretende esclarecer hasta qué punto el titular de Transportes supervisó las condiciones de seguridad de la red ferroviaria antes de que se produjera la colisión. La formación solicita que Puente sea citado como investigado y que se analice su actuación durante los meses anteriores al siniestro.
El eje de la denuncia es determinar si el ministro disponía de información sobre posibles riesgos y si adoptó las decisiones necesarias para afrontarlos. Para ello, Vox quiere conocer tanto las advertencias trasladadas a su departamento como las actuaciones que se impulsaron a raíz de ellas.
El eje de la denuncia es determinar si el ministro disponía de información sobre posibles riesgos y si adoptó las decisiones necesarias para afrontarlos
Las advertencias anteriores al accidente, bajo sospecha
La querella sitúa parte de sus argumentos en los meses posteriores a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, cuando distintas organizaciones sindicales reclamaron medidas para mejorar la protección de trabajadores y pasajeros.
Aquellas exigencias desembocaron en un pacto firmado el 9 de febrero entre el Ministerio de Transportes y representantes sindicales. El documento incluía compromisos para reforzar las plantillas, mejorar el mantenimiento de las instalaciones e introducir nuevas actuaciones de seguridad.
Sin embargo, Vox cuestiona si las medidas anunciadas llegaron a ejecutarse en los plazos previstos y reclama que se investigue el seguimiento realizado desde el Ministerio.
En particular, el partido señala que, según la información incorporada a su escrito, el pasado 16 de octubre todavía había siete actuaciones en tramitación.
La formación pretende que se determine cuáles eran esas medidas, qué organismos debían desarrollarlas y si su falta de ejecución pudo tener alguna relevancia para la seguridad ferroviaria.
Vox quiere conocer qué sabía Puente sobre la red ferroviaria
La documentación que solicita la formación busca reconstruir el recorrido de las advertencias recibidas por las autoridades ferroviarias.
Entre otras cuestiones, reclama acceder a los informes técnicos y comunicaciones enviados a Adif y al Ministerio de Transportes antes del accidente.
También considera necesario revisar los mecanismos de actuación establecidos cuando se detectan anomalías en los sistemas de protección de los trenes.
Vox plantea que la investigación incluya testimonios de responsables del sector ferroviario, representantes sindicales y miembros de la asociación de víctimas de Adamuz.
A estas declaraciones quiere añadir una evaluación técnica independiente que permita establecer si existían deficiencias relevantes y qué medidas habrían podido reducir los riesgos.
La formación sostiene que el examen de estos elementos resulta necesario para determinar si hubo posibles incumplimientos de los deberes de supervisión atribuidos al ministro.
Otra querella contra responsables de Adif
La ofensiva judicial de Vox también incluye una acción separada contra responsables del administrador ferroviario con competencias en seguridad y circulación.
Por este motivo, el partido solicita que el Supremo recabe la documentación correspondiente a ese procedimiento y valore su relación con la querella dirigida contra Puente.
El escrito distingue, no obstante, entre las decisiones operativas adoptadas durante el accidente y las responsabilidades generales de supervisión del Ministerio.
