EDATV Una ONG gasta millones públicos en paintball para inmigrantes ilegales
El caso no es aislado. Quórum Social 77 está bajo la lupa de las autoridades
En un nuevo escándalo que sacude las Islas Canarias, la ONG Quórum Social 77 enfrenta duras críticas por usar fondos públicos en actividades de ocio para inmigrantes ilegales.
Imágenes recientes muestran a grupos de jóvenes en campos de paintball, equipados con chalecos y pistolas de simulación. Todo esto se financia con dinero de los contribuyentes.
La controversia crece porque la entidad ha recibido más de 150 millones de euros desde 2023.
Las fotos, difundidas en redes sociales por la cuenta @CanarioToday, capturan momentos de diversión en un entorno de juego bélico. Los participantes parecen disfrutar de la adrenalina, pero muchos cuestionan si este es el mejor uso de recursos limitados.
No se trata solo de paintball, la ONG también organiza sesiones de karting para estos grupos. Fuentes cercanas al caso indican que estas salidas forman parte de programas de "integración y ocio".
Quórum Social 77 defiende su labor. La entidad asegura que su meta es ayudar a menores en situación vulnerable.
Trabajamos por la integración de estos jóvenes desamparados.
Familias locales alzan la voz:
Mientras mis hijos no tienen ni para un campamento de verano, estos chicos van a paintball con nuestro dinero.
Asociaciones vecinales en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han impulsado peticiones en línea. Exigen que los fondos se destinen a ayudas directas, como comedores escolares o becas.
La controversia crece porque la entidad ha recibido más de 150 millones de euros desde 2023 | Europa Press
No cuestionamos la integración, pero ¿por qué no priorizar a los nuestros?
El caso no es aislado. Quórum Social 77 está bajo la lupa de las autoridades. Una investigación oficial examina posibles irregularidades en la gestión de contratos, se busca verificar si las subvenciones se usaron con transparencia.
Expertos en derecho administrativo advierten que cualquier mal uso podría derivar en sanciones graves.
La Justicia canaria ha abierto un expediente preliminar. Testimonios de ex-empleados sugieren que los controles internos eran laxos, y supuestamente algunos contratos se adjudicaron sin licitaciones públicas claras.
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