
Sánchez destina 9,6 millones al centro de acogida de inmigrantes de Alcalá de Henares
El documento oficial señala que se ha realizado por tramitación de emergencia, un procedimiento que reduce los controles
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a ser cuestionado por el uso de los fondos públicos. Los Presupuestos Generales del Estado 2024 incluyen 9,6 millones de euros. Todo para la prestación de servicios relativos a 1.470 plazas en el centro de acogida Primo de Rivera, en Alcalá de Henares.
El contrato ha sido adjudicado a la Empresa de Transformación Agraria S.A. (Tragsa), sociedad estatal que suele encargarse de servicios urgentes o de gran volumen. La cifra exacta asciende a 9.612.036 euros.
Lo más llamativo es la forma de adjudicación. El documento oficial señala que se ha realizado por tramitación de emergencia, un procedimiento que reduce los controles y acorta los plazos de contratación. Además, aparece marcado como exento de IVA, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia de la operación.

El contrato tiene una duración de solo cuatro meses, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de abril de 2025. Cuatro meses para un gasto millonario que supone más de 2,4 millones al mes en servicios vinculados al centro de acogida.
El centro Primo de Rivera en Alcalá de Henares es conocido por acoger a inmigrantes y solicitantes de asilo. Funciona como recurso temporal en el marco de la política migratoria del Gobierno. Sin embargo, la magnitud del gasto, unida al procedimiento de emergencia, ha abierto un debate político.
Desde la oposición señalan que el Ejecutivo de Sánchez recurre con demasiada frecuencia a la vía de urgencia para adjudicar contratos sensibles. En su opinión, se trata de un modo de evitar la competencia y restar transparencia.
El gasto en inmigración y acogida es uno de los asuntos más polémicos en la política española. El Ejecutivo defiende la necesidad de reforzar recursos ante la llegada constante de personas que buscan asilo. Sus críticos, en cambio, denuncian que los fondos públicos se utilizan sin planificación y sin control.

La partida de más de 9,6 millones en Alcalá de Henares se suma a otras adjudicaciones similares en distintas comunidades autónomas. Tragsa ha sido una de las principales empresas beneficiadas de este tipo de contratos, al ser un instrumento del propio Estado.
El Gobierno insiste en que todas las actuaciones cumplen con la ley. Subraya que la emergencia en la gestión migratoria obliga a actuar con rapidez y flexibilidad, pero el debate público sigue abierto. ¿Son necesarios casi diez millones para solo cuatro meses de servicios en un único centro?
La polémica está servida. La imagen de gasto descontrolado contrasta con las promesas de austeridad y con los discursos de contención económica.
Más noticias: