EDATV El Gobierno destina más de 1 millón de euros a 100 plazas para inmigrantes
El contrato no solo cubre alojamiento y comida, también transporte, acompañamiento social, asistencia médica y seguridad
El gasto público en inmigración vuelve a estar en el centro del debate. El Ejecutivo ha adjudicado un contrato por más de 1,1 millones de euros para la atención de 100 plazas destinadas a inmigrantes. El documento oficial recoge que el contrato se firmó con la Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, una de las entidades más activas en la gestión de recursos para este colectivo.
Más de un millón en un solo año
El presupuesto total asciende a 1.140.676 euros. La duración del contrato es de apenas doce meses, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024. Un gasto millonario que, según la información oficial, se centrará en cubrir necesidades básicas de los beneficiarios.
El objetivo del contrato es amplio. Incluye alojamiento, manutención, mantenimiento, seguridad, transporte, acompañamiento social, traducción, atención médica y servicios de interpretación. También contempla programas de integración y medidas de salubridad.
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Fundación Cepaim, la adjudicataria
La Fundación Cepaim es la encargada de gestionar este servicio. Se trata de una entidad con larga trayectoria en el ámbito de la inmigración y la cooperación social. Con este nuevo contrato, la organización asume la responsabilidad de cubrir todas las necesidades de un centenar de plazas en Madrid.
Un gasto que genera polémica
El coste, sin embargo, ha levantado críticas. Si se dividen los 1,1 millones de euros entre las 100 plazas, cada una supera los 11.400 euros por año. Una cifra que, para muchos ciudadanos, refleja un derroche en plena crisis económica.
Mientras miles de familias españolas luchan por llegar a fin de mes, el Gobierno destina recursos millonarios a programas de inmigración. Críticas en redes sociales señalan que estos fondos podrían reforzar servicios básicos como sanidad, educación o ayudas a la vivienda para los nacionales.
Servicios integrales y críticas crecientes
El contrato no solo cubre alojamiento y comida. También asegura transporte, acompañamiento social, asistencia médica, seguridad y mantenimiento. En la práctica, los inmigrantes beneficiados dispondrán de un paquete integral de cuidados, financiado íntegramente con fondos públicos.
Las voces críticas consideran que este tipo de inversiones envían un mensaje equivocado. Denuncian que se da prioridad a la atención de inmigrantes frente a las necesidades de españoles en situación vulnerable. La polémica, además, se intensifica al conocerse que la adjudicación se realizó con un coste cerrado de más de 1 millón de euros.
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Un debate abierto
El gasto en inmigración es un asunto recurrente en la agenda política. Defensores de estas medidas argumentan que son necesarias para garantizar la dignidad y la integración de quienes llegan a España. Los detractores, en cambio, lo ven como un uso desproporcionado de fondos públicos en detrimento de los propios ciudadanos.
Lo cierto es que este contrato vuelve a poner cifras concretas sobre la mesa. Más de un millón de euros para 100 plazas gestionadas en Madrid. Una decisión que, sin duda, reabre el debate sobre las prioridades del Gobierno en un momento de dificultades económicas para gran parte de la población.
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