El exministro de Transportes y diputado del grupo mixto, José Luis Ábalos, ha intensificado su enfrentamiento con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esto, presentando un contrainforme ante el Tribunal Supremo para rebatir las conclusiones sobre su patrimonio, que califica de “tendenciosas” y carentes de “sentido común”.
Con esto, Ábalos estaría en busca desacreditar el informe de la UCO, que analiza sus propiedades y cuentas bancarias en el marco de la investigación del caso Koldo.
Ábalos ha tomado una decisión
El informe de la UCO, fechado el 17 de marzo de 2025, detalla los bienes inmuebles, vehículos y vínculos financieros de Ábalos. Incluyendo propiedades en Colombia y Perú, así como 265 cuentas bancarias, muchas asociadas al PSOE.
Sin embargo, Ábalos niega varias de las afirmaciones, asegurando que solo reconoce una cuenta vinculada al partido y seis cuentas personales o compartidas.
Además, ha aclarado que un terreno en Tulúa, Colombia, mencionado por la UCO como una propiedad valiosa, fue comprado en 2003 y vendido en 2013. Esto, sin ninguna construcción, desmintiendo que incluyera un chalé, como sugirieron los investigadores.
Ábalos estuvo tres horas declarando en el Tribunal Supremo
El exministro también ha cuestionado la metodología de la UCO, acusándola de no contrastar datos y de cometer errores. Como fue el caso de una confusión en el tipo de cambio monetario que infló el valor estimado de la parcela colombiana. Según Ábalos, estas imprecisiones son parte de una investigación “prospectiva” que se remonta más de 30 años atrás, con el objetivo de proyectar una imagen de negocios encubiertos.
En su defensa, Ábalos ha aportado documentación extensa, incluyendo fotografías del terreno en Colombia y contratos que, según él, demuestran la veracidad de sus afirmaciones. También ha negado haber recibido beneficios económicos de la Fundación Fiadelso, asegurando que, por el contrario, contribuyó con aportaciones personales.
La batalla legal de Ábalos contra la UCO se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre su papel en el caso Koldo. En el que se investigan presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. El diputado confía en que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, corrija los “posibles errores” del informe y limite la investigación a los hechos concretos del caso.
Este nuevo capítulo refleja la determinación de Ábalos de defender su reputación frente a lo que considera una persecución injustificada, mientras la UCO continúa profundizando en su patrimonio y conexiones financieras. El desenlace de esta pugna podría tener importantes implicaciones para el futuro político y judicial del exministro.
