La declaración de Pilar Bernabé ante la jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre ha dejado algo más que frases inconexas y contradicciones. Ha dejado, negro sobre blanco, la imagen de una delegada del Gobierno sin criterio claro, sin control de la situación y, lo más grave, sin una mínima autocrítica tras una de las catástrofes más trágicas de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.
Durante más de siete horas de comparecencia, Bernabé admitió algo que lleva meses negando: que el Cecopi no habló en toda la tarde del barranco del Poyo, el foco real de la tragedia que arrasó L’Horta Sud. Lo supo a las 19:05 por la alcaldesa de Paiporta, cuando ya era demasiado tarde y la rambla se había desbordado. A esa hora, el agua ya había convertido calles en ríos y viviendas en trampas mortales.
No es solo que no se hablara del Poyo: es que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) —organismo estatal— remitió hasta las 16:13 correos asegurando que el barranco “estaba seco”, y luego pasó al otro extremo: más de 1.600 metros cúbicos por segundo a las 18:43. ¿Qué pasó en esas dos horas y media? Un apagón informativo. Una desconexión institucional inexplicable mientras aumentaban las llamadas de auxilio al 112.
Bernabé también deslizó otra afirmación sin sustento: que ella ofreció la UME a Salomé Pradas a las 12:23, cuando las pruebas apuntan a que simplemente dijo aquello de “si necesitas algo, pídelo”, la frase tipo que Pedro Sánchez convirtió después en mantra. Lo de proactividad institucional se le queda grande.
Pero quizá el momento más revelador fue cuando justificó la falta de conocimiento de la situación alegando que no tenía acceso a los datos de caudal y que eran “los técnicos” quienes debían interpretarlos. Una confesión que es, en realidad, una abdicación de responsabilidades. Si una delegada del Gobierno, sentada en el Cecopi, no sabe qué ocurre en el territorio durante una emergencia, ¿para qué está ahí?







