El Tribunal Supremo ha emitido un fallo unánime que valida la legalidad de las pruebas recabadas durante el registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esto, en el marco de la investigación por la presunta filtración de datos confidenciales relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La decisión, adoptada por la Sala de Apelaciones, desestima los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Instituciones que buscaban anular la entrada y registro llevados a cabo en octubre del año pasado.
La resolución del alto tribunal subraya que el procedimiento fue necesario y proporcionado para avanzar en la indagación sobre un posible delito de revelación de secretos. Los magistrados argumentan que el registro del despacho de García Ortiz fue la única vía viable para obtener los dispositivos electrónicos clave en el caso. Descartando que la Fiscalía goce de una inmunidad especial que impida este tipo de diligencias.
En el auto subrayan lo siguiente:
