Nuevo giro en la investigación sobre el apagón tras la última decisión del juez

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga si el apagón que afectó a gran parte de España fue un posible sabotaje informático. La causa fue declarada secreta.

Según un auto al que accedió Europa Press, el magistrado accedió a lo que pidió la Fiscalía. El motivo: evitar que se comprometa la investigación. Por ello decide declarar secreta la causa.

Pues solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias. O manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos. Teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales.

El martes, Calama decidió abrir formalmente la causa. Aunque aún no se sabe qué la provocó, reconoció que el ciberterrorismo es una de las posibilidades. Por eso consideró clave que la justicia intervenga.

Entre las primeras medidas, el juez pidió informes tanto al Centro Criptológico Nacional como a Red Eléctrica. Tienen 10 días para responder. También solicitó un informe preliminar a la Jefatura de Información de la Policía, con el mismo plazo.

El apagón ocurrió el lunes alrededor de las 12:30 del mediodía. Afectó sistemas que dan soporte a servicios esenciales como salud, energía, transporte o industria. El juez lo calificó como una “situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos”.

El auto también refleja una declaración del Gobierno que alertó sobre la pérdida repentina, en solo 5 segundos, de 15 gigavatios de energía. Eso representa el 60 % del consumo eléctrico en ese momento. Fue un fenómeno sin precedentes:

“Algo que no había ocurrido jamás”.

Riesgo en cadena

Según el juez Calama, este hecho podría encajar dentro del artículo 573 del Código Penal. Este contempla como terrorismo cualquier acto que intente desestabilizar servicios esenciales o el orden constitucional.

En su resolución, también analizó la legislación europea y nacional sobre protección de infraestructuras críticas. España, explicó, ya incorporó el ciberterrorismo como delito de terrorismo en su normativa penal.

Se refiere, en concreto, al artículo 573.2, donde podrían ubicarse los hechos. Todo si se comprueba que hubo intención de provocar daño como lo describe la ley.

Calama fue claro sobre la gravedad del contexto:

“La sociedad se basa cada vez más de un complejo sistema de infraestructuras. En el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general”.

Como son estructuras interconectadas, un fallo en una puede desencadenar errores en cadena en otras. El juez lo dejó en claro:

“Estas infraestructuras son interdependientes entre sí, lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema. Con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer”.

Y agregó:

“Este tipo de infraestructuras son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población”.