La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que la información proporcionada por WhatsApp y Google al Tribunal Supremo no contiene elementos relevantes para la investigación que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El pasado 25 de abril, el magistrado Ángel Hurtado recibió desde Estados Unidos dos archivos comprimidos ("carpetas zip"). Esto, como parte de una comisión rogatoria, según fuentes judiciales. Sin embargo, tras cinco cías de peritaje, la Guardia Civil no ha encontrado información de interés.
El fiscal general del Estado se encuentra contra las cuerdas
El último fiscal colocado
A propuesta de Álvaro García Ortiz, el Consejo Fiscal celebró este martes un Pleno en el que se eligieron cuatro nuevos fiscales de Sala.
Sin duda, el más polémico es el del fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública: Emilio Sánchez Ulled. Tal y como menciona The Objective, se declaró "de izquierdas" y presidió la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Fue el fiscal encargado del caso del referéndum ilegal del 9 de noviembre en Cataluña, así como del caso Palau. Su intervención será determinante en la investigación sobre las filtraciones que comprometen a García Ortiz. Recordemos que se encuentra imputado ante el Tribunal Supremo tras confirmarse que eliminó por completo el contenido de los chats en su teléfono oficial.
García Ortiz fue abucheado a su llega al Supremo
Este nuevo puesto ha sido creado con carácter de "urgencia extraordinaria" a través de un Real Decreto. Según el medio, ha sido interpretado en la Fiscalía Anticorrupción como una estrategia para trasladar los casos de corrupción más comprometedores para el Gobierno a esta nueva estructura.
Desde 1994, Emilio Jesús Sánchez Ulled ha desempeñado su labor como fiscal. Actualmente se encuentra en servicios especiales tras asumir en junio de 2017 el cargo de Consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas.
A lo largo de su carrera, ha trabajado en varias localidades. Por ejemplo, Badalona, Manresa, Cornellá, Sabadell, Mataró y Barcelona, antes de especializarse en el ámbito económico.
En 2002, se incorporó al Servicio de Delincuencia Económica y al Servicio de Cooperación Internacional en la Fiscalía de Barcelona. Además, de 2005 a 2017, ocupó el puesto de Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Entre 2000 y 2002, fue Experto Nacional en la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia, Polonia, donde participó en investigaciones clave.
