La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado un paso clave en la lucha contra la corrupción. Ha pedido al juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, que examine el patrimonio de dos altos cargos del Ministerio de Transportes.
Se trata de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Los agentes buscan pistas de posibles "mordidas" o beneficios ilegales.
Estos habrían surgido de adjudicaciones de obras públicas que ahora están bajo lupa. La solicitud llega en un momento tenso para el sector de infraestructuras.
