El 5 de noviembre de 2019, a días de las elecciones generales, Vox intentó realizar un acto político en la Plaza de la Encarnación de Bilbao. Un grupo de aproximadamente 150 personas se congregó en el lugar y profirió insultos como "hijos de puta, fascistas, racistas y homófobos" hacia los miembros de Vox presentes.
Entre los asistentes se encontraba Nerea Alzola, cabeza de lista al Congreso por Vizcaya, quien fue agredida por una mujer y amenazada por otra persona que le indicó conocer su domicilio.
La sentencia busca sentar un precedente en la protección de los derechos fundamentales.
La Ertzaintza estableció un cordón policial con agentes equipados con material antidisturbios para separar a los manifestantes de los simpatizantes de Vox. A pesar de la presencia policial, el acto electoral no pudo llevarse a cabo según lo previsto.
No fue hasta las 20:00 horas cuando la candidata y los simpatizantes de Vox pudieron abandonar el lugar. Tras temer por su integridad física debido a la violencia demostrada por los manifestantes. Uno de los individuos logró atravesar el cordón policial, aunque fue reducido posteriormente.
Tras el juicio correspondiente, nueve de los implicados fueron condenados a penas de prisión que oscilan entre cuatro y diez meses. Los delitos atribuidos incluyen amenazas, maltrato, resistencia a la autoridad y vulneración de la ley electoral.
El juez consideró probado que los acusados intentaron impedir el acto político mediante insultos, amenazas y agresiones. Creando una situación de tensión que impidió su desarrollo normal.
Vox ha expresado satisfacción con la sentencia. Aunque considera que las penas son insuficientes en relación con la gravedad de los hechos ocurridos en la Plaza de la Encarnación.
Además, lamenta que ningún partido político con representación en las instituciones vascas haya condenado estos actos que buscan coartar la libertad de expresión.
Este incidente se enmarca en una serie de eventos similares en los que actos de Vox han sido objeto de boicots y manifestaciones violentas. La formación política ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de condena por parte de otras fuerzas políticas y ha solicitado mayores medidas de protección. Esto para garantizar el ejercicio de sus derechos en el ámbito público.
Tras el juicio correspondiente, nueve de los implicados fueron condenados a penas de prisión que oscilan entre cuatro y diez meses
La sentencia busca sentar un precedente en la protección de los derechos fundamentales. Como la libertad de expresión y reunión, frente a actos de violencia e intimidación. Se espera que este fallo judicial disuada futuros intentos de coartar la actividad política mediante el uso de la fuerza o amenazas.
La Ertzaintza ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad en actos públicos y proteger el ejercicio de los derechos democráticos de todas las formaciones. Asimismo, ha hecho un llamado a la ciudadanía para expresar sus discrepancias de manera pacífica y respetuosa. Evitando caer en conductas delictivas que atenten contra el orden público y los derechos de los demás.
