El escándalo en torno al fiscal general, Álvaro García Ortiz, sigue en aumento. Esta misma semana, García Ortiz visitaba el Tribunal Supremo en calidad de imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Y aunque la cuartada del fiscal no juega a su favor, este ha tomado la decisión de acudir a instancias superiores para evitar el avance de la investigación.
García Ortiz está dispuesto a recurrir al Tribunal Constitucional. Esto, para denunciar la "vulneración de sus derechos" en la entrada y registro de su despacho y del de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Según fuentes cercanas citadas por El Confidencial, García Ortiz presentará la solicitud de amparo ante el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido. Supuestamente, una vez agote las vías de recurso ante el Tribunal Supremo.
El fiscal general del Estado asegura haber cambiado 6 veces de móvil en los últimos años
Durante su declaración, el fiscal general subrayó que la intervención de sus comunicaciones ha sido clave en la decisión del juez Ángel Hurtado de imputarlo. Fue el propio magistrado quien, el pasado 30 de octubre, ordenó el registro y la incautación de cualquier material o dispositivo electrónico. Entre estos, incluidos teléfonos móviles, además de la copia íntegra de su contenido.
En paralelo, también se llevó a cabo la intervención en el despacho de su subordinada. Estas actuaciones se enmarcan en la investigación sobre la supuesta filtración de información relacionada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ambos registros fueron impugnados en dos ocasiones, primero por la Abogacía del Estado, que defiende a los fiscales afectados, y posteriormente por la propia Fiscalía. Elevando así el recurso a la Sala de Apelaciones del Supremo.
García Ortiz borra el contenido de su teléfono
En su comparecencia como imputado, García Ortiz reiteró los argumentos presentados en sus escritos de defensa. Los que estaban centrados en la presunta vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, competencia directa del Tribunal Constitucional.
Mientras el fiscal general aguarda la resolución del Supremo para dar el siguiente paso, el juez Hurtado continúa avanzando en la investigación. Durante los interrogatorios a los imputados, ha dejado entrever su intención de ampliar el alcance del caso. El que en un principio se centraba en la filtración de correos electrónicos entre la defensa del empresario Alberto González Amador y la Fiscalía.
Esto, en el marco de un intento de acuerdo de conformidad. Con estos nuevos movimientos, la investigación parece volver a su punto de origen.
