El Tribunal Supremo cita a María Jesús Montero por la demanda del empresario González Amador. El Supremo ha fijado para el 24 de abril una audiencia previa en el caso de la demanda por presunta intromisión en el honor. La que fue presentada por el empresario Alberto González Amador contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La citación permite que Montero delegue su representación en un abogado, sin necesidad de comparecer personalmente, al igual que el demandante. Este procedimiento preliminar busca explorar la posibilidad de un acuerdo entre las partes antes de que el proceso avance.
La demanda de González Amador fue admitida a trámite en diciembre por la Sala de lo Civil del Supremo. Esto, en respuesta a unas declaraciones en las que Montero insinuó que Isabel Díaz Ayuso podría estar residiendo en un piso adquirido con dinero procedente de fraude fiscal.
La demanda se centra en declaraciones de Montero realizadas los días 12 de marzo
En su auto, el tribunal confirmó que el empresario cumple con los requisitos legales para llevar el caso a juicio. Además, concedió un plazo de 20 días a la ministra y a la Fiscalía para responder a la demanda.
El empresario exige una indemnización de 40.000 euros. Y recurrió al Supremo después de que Montero no acudiera al acto de conciliación convocado en octubre en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid. Al no comparecer la ministra ni ningún representante legal, el intento de acuerdo quedó sin efecto.
La demanda se centra en declaraciones de Montero realizadas los días 12 de marzo, 3, 23 y 24 de octubre de 2023. Y se enmarca en la estrategia de González Amador de emprender acciones legales contra figuras públicas. La que han mencionado su implicación en un caso de fraude fiscal, entre ellos el presidente Pedro Sánchez, la exministra Reyes Maroto y periodistas como Xabier Fortes de RTVE.
González Amador está siendo investigado en un juzgado de Madrid por presuntos delitos fiscales, incluyendo un fraude de 350.961 euros entre 2020 y 2021. Esto, reconocido por su defensa con el objetivo de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. También se le vincula con una supuesta trama de facturas falsas.
