El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vuelto a corregir la política lingüística del Gobierno catalán. Una nueva sentencia reconoce el derecho de una alumna de San Cipriano de Vallalta, en Barcelona, a recibir una enseñanza efectiva y equilibrada en castellano mientras permanezca escolarizada.
El fallo establece que la menor deberá cursar al menos otra asignatura troncal o equivalente en castellano, además de la materia de Lengua Castellana. La resolución responde al recurso presentado por su familia ante la escasa presencia de este idioma en el proyecto educativo del centro.
La solicitud fue rechazada inicialmente mediante silencio administrativo. Posteriormente, la Generalitat defendió ante la Justicia un modelo en el que el castellano quedaba reducido, en la práctica, a la asignatura destinada exclusivamente al aprendizaje de la lengua.
El tribunal concluye que esa organización no garantiza una presencia suficiente del castellano como lengua de enseñanza. La sentencia 757/2026, dictada el pasado 24 de julio, se suma a otros pronunciamientos favorables a familias que han tenido que acudir individualmente a los tribunales.
La Generalitat sigue excluyendo el castellano como lengua vehicular en Cataluña pese a las sentencias
El castellano no puede quedar apartado de las aulas
La resolución se apoya en la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Ambos han reiterado que el castellano, como lengua oficial, no puede ser excluido ni relegado dentro del sistema educativo catalán.
El TSJC recuerda además que una lengua solo puede considerarse realmente de enseñanza cuando se utiliza para impartir otras materias. No basta, por tanto, con limitar su presencia a la asignatura de Lengua Castellana.
El fallo llega después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalara que Cataluña es una comunidad bilingüe. Según esa interpretación, la protección del catalán no puede convertirse en una vía para apartar el castellano de la enseñanza.
Pese a la reiteración de sentencias, estas reclamaciones siguen resolviéndose caso por caso. Cada familia debe iniciar su propio procedimiento judicial para conseguir que el castellano tenga una presencia real en la educación de sus hijos.
La Generalitat sigue excluyendo el castellano como lengua vehicular en Cataluña pese a las sentencias
La AEB carga contra la Generalitat
La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha denunciado una situación que considera "insostenible". La entidad critica que la Generalitat continúe obligando a las familias a acudir a la Justicia para obtener unos derechos respaldados por una jurisprudencia reiterada.
La organización sostiene que el Gobierno catalán mantiene una práctica contraria a los fallos del Constitucional, el Supremo y el propio TSJC. También censura que la Administración siga defendiendo proyectos educativos que excluyen el castellano como lengua de enseñanza.
La AEB cuestiona además que no se hayan impuesto las costas procesales a la Generalitat. A su juicio, la acumulación de resoluciones deja poco margen para alegar dudas jurídicas sobre la obligación de garantizar el bilingüismo.
Por ello, reclama que las administraciones cumplan de forma efectiva las sentencias y eviten que los derechos lingüísticos dependan de la capacidad de cada familia para afrontar un procedimiento judicial.
