Al menos 18 terroristas pertenecientes a ETA se encuentran en régimen de semilibertad

En las últimas semanas se ha intensificado el debate en torno a la política penitenciaria aplicada a los presos de la banda terrorista ETA, después de que varios internos condenados por asesinatos y pertenencia a la organización hayan accedido a regímenes de semilibertad y libertades condicionales en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Según los últimos datos conocidos, en la actualidad al menos 18 presos de ETA se encuentran en régimen de semilibertad, una medida que les permite salir de prisión para trabajar o realizar actividades externas, aunque con la obligación de regresar a dormir al centro penitenciario. Esta cifra ha ido aumentando progresivamente en los últimos meses tras la transferencia de la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco.

Entre los casos más recientes destaca el de la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, ‘Anboto’, condenada por su implicación en múltiples asesinatos, que ha pasado a un régimen de semilibertad que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes. La decisión ha sido duramente criticada por asociaciones de víctimas del terrorismo, que consideran que este tipo de medidas suponen una “flexibilización excesiva” para condenados por delitos de extrema gravedad.

En paralelo, también se han producido varias concesiones de libertad condicional a exmiembros de ETA en lo que va de 2026, incluyendo al menos seis casos confirmados por resoluciones judiciales. Entre los beneficiados se encuentran internos condenados por asesinatos, algunos de ellos vinculados a atentados especialmente sangrientos de la organización terrorista.

Otro de los últimos casos relevantes es el de Ángel Tellería Uriarte; el etarra condenado por matar a la primera mujer policía ha comenzado a disfrutar de un régimen de semilibertad para tratamiento asistencial, que le permite salir de prisión durante el día y regresar por la noche, tras una decisión de la administración penitenciaria vasca.

Estas medidas se enmarcan en la aplicación del artículo 100.2, que permite flexibilizar el cumplimiento de condena sin necesidad de acceder plenamente al tercer grado, siempre que exista un plan de reinserción laboral o social. Sin embargo, su uso ha generado una fuerte controversia política y social, especialmente entre asociaciones de víctimas, que denuncian lo que consideran una aplicación “extensiva” de los beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo.

De igual forma se estaría aplicando en las últimas semanas a otros exmiembros de ETA ya conocidos, como Garikoitz Aspiazu Rubina alias Txeroki, considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008, fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional. Este entró en los programas de flexibilización penitenciaria que permiten salidas controladas de prisión de lunes a viernes para realizar actividades laborales o de voluntariado, con obligación de regresar al centro penitenciario a pernoctar.