El Partido Nacionalista Vasco ha puesto en marcha una reforma de la Ley de Empleo Público con el objetivo de ampliar el peso del euskera en el acceso a la Administración, en un movimiento que ha provocado diferencias con el PSE-EE y ha acercado posiciones con EH Bildu.
La iniciativa busca reforzar los requisitos lingüísticos en el empleo público y dar cobertura jurídica a estos perfiles tras varias resoluciones judiciales que habían cuestionado algunos procesos selectivos.
El cambio ha reactivado el debate político sobre el equilibrio entre el uso de las lenguas oficiales y los principios de acceso a la función pública.
Más exigencia lingüística con nuevas fórmulas
Entre las medidas planteadas destaca la llamada “preceptividad diferida”, que permitiría acceder a determinados puestos sin acreditar inicialmente el nivel de euskera, pero obligando a obtenerlo en un plazo fijado por la Administración.
El texto también prevé que las ofertas públicas de empleo incluyan un mayor número de plazas con requisitos lingüísticos, lo que, según sus impulsores, permitiría avanzar de forma progresiva en el conocimiento del idioma dentro de la Administración.
Sin embargo, este planteamiento ha generado críticas por la posibilidad de que se introduzcan cambios en las condiciones de acceso una vez iniciado el proceso selectivo, algo que algunos sectores consideran discutible desde el punto de vista técnico.
Un debate que va más allá de lo técnico
La reforma ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente en Euskadi sobre el papel del euskera en la Administración y su relación con el acceso al empleo público.
Mientras sus defensores consideran que es una herramienta para garantizar el uso de la lengua cooficial, sus críticos advierten de posibles efectos sobre la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos.
En cualquier caso, la iniciativa seguirá su recorrido parlamentario en un contexto de negociación abierta y con un escenario político marcado por las diferencias entre los partidos implicados.
